Acapulco, Gro., 29 de octubre. El último día de la 29 edición de la Convención Internacional Minera se efectuó sin representantes de los poblados que serán afectados por la explotación de oro, plata, zinc y otros metales preciosos por compañías canadienses y británicas.

No obstante, en el panel Las comunidades indígenas y la minería, representantes de empresas mineras y del gobierno mexicano reconocieron que en el país ha hecho falta mayor vinculación social entre impulsores de proyectos mineros y habitantes originarios de las comunidades.

Leonel Lozano Domínguez, asesor del gobierno estatal sobre ambiente y minería, aceptó que se perdió la oportunidad de que campesinos indígenas de la Montaña estuvieran presentes en el foro y participaran, escucharan y cuestionaran, si fuera necesario, en las actividades del encuentro.

Atribuyó dicha situación a dos hechos ocurridos el martes pasado ligados a opositores a los proyectos mineros en Guerrero: la incursión del Ejército en las comunidades de Buenavista, de San Luis Acatlán, y Cruz Tomahuac, de Iliatenco, en la región de la Montaña, así como el encarcelamiento por dos días de Agustín Barrera Cosme, uno de los fundadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, quien debió pagar fianza de 15 mil pesos para ser liberado la noche del viernes.

Ambos hechos fueron interpretados por algunos sectores indígenas como una acción para replegarlos en cualquier intento de protesta respecto a la actividad minera en la Montaña y Costa Chica, comentó Lozano Domínguez.

El problema en las comunidades, dijo, es de percepción y advirtió que en Guerrero cada empresa sigue en lo particular sus propias prácticas, sus propias formas en su relación con la comunidad sin que haya una directriz común que oriente a todos los consorcios.