Hace 15 años, el fiscal español Carlos Castresana Fernández inició un proceso internacional contra el dictador chileno Augusto Pinochet y la Junta Militar argentina. Hoy, a la luz de las sentencias de cadenas perpetua a 12 responsables de crímenes del pasado, el abogado afirma que este proceso es un referente de lo que se debe hacer para combatir la impunidad.

Ese final, expresó, representa un respiro, un ejemplo para remover obstáculos en la aplicación de la justicia.

Castresana Fernández es autor de las denuncias originales interpuestas en 1996 en nombre de la Unión Progresista de Fiscales contra las juntas militares de las naciones del cono sur, con las que inició, ante la Audiencia Nacional de España, el llamado Caso Pinochet.

De visita en México, el fiscal del Tribunal Superior de España dijo que hace tres lustros no habían condiciones políticas ni jurídicas para un proceso de esa naturaleza en Argentina o Chile, países en los que, además, había leyes de amnistía para los operadores de las dictaduras militares.

Sin embargo, como muchas de las víctimas eran de nacionalidad española, pudieron desarrollarse pequeñas acciones, en términos de número de casos, que han tenido un efecto multiplicador para remover los obstáculos.

El abogado elogió el fallo de prisión perpetua para 12 operadores del centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada, entre ellos Ricardo Cavallo.

Confiemos en el ejemplo de países en los que en 1996 había múltiples casos en la absoluta impunidad y ahora han recibido condenas, subrayó Castresana.