Con la detención en Cancún de Ricardo Miguel Cavallo –el 24 de agosto de 2000, tras descubrirse su verdadera y criminal actividad en la última dictadura argentina– se desmanteló una oscura operación planeada para dejar altísimos dividendos a la empresa encargada de integrar el Registro Nacional de Vehículos (Renave), y de la cual él era socio, accionista y director.

En la víspera de aquel día, cuando su pasado fue exhibido, Cavallo rechazó toda imputación y anunció viajaría de inmediato a Argentina para allegarse los documentos con los cuales probaría no ser la persona señalada como genocida en el golpe militar de 1976.

En realidad, se sabría después, el teniente de navío tenía intenciones de acogerse allá, a los beneficios de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, promulgadas por el presidente Raúl Alfonsín para dar impunidad a quienes fueron parte de la dictadura militar.

Con la apariencia de un flemático y circunspecto empresario, el hoy condenado a cadena perpetua laboraba en México para el consorcio conformado por las firmas Gemplus y Talsud, ganadoras de una licitación lanzada por la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), hoy de Economía, para elaborar el padrón vehicular aprobado por el Congreso el 2 de junio de 1998.

El encargado del proceso para la puesta en marcha del Renave fue Raúl Ramos Tercero, subsecretario de Normatividad de la Secofi. Sobre éste recayó –a la detención de Cavallo– la responsabilidad de explicar cómo el gobierno mexicano avaló dicha concesión millonarias, sin haber investigado exhaustivamente los antecedentes de los directivos y socios de las firmas ganadoras.

Entre los atropellos declarativos de Herminio Blanco, entonces secretario de Comercio y por tanto principal responsable del Renave, y las explicaciones fallidas de Ramos Tercero tras la detención del militar argentino, el gobierno de México insistió en la legalidad de la selección de la empresa de Cavallo y calificó a éste como un empleado más del Renave.

La Secofi aseguró haber constatado la evidente experiencia profesional del argentino, pues entre 1995 y 1999 participó en el diseño, desarrollo, instalación y puesta en marcha de un registro vehicular, en El Salvador, y de un sistema de emisión de tarjetas de circulación, licencias de conducir y bases de datos para el control vehicular en América Central y Argentina.

Sin embargo, la captura de Cavallo y sus derivaciones, tuvieron tintes de thriller.

Tras ser puesto en mano de la Interpol, la cual informó al juez Baltazar Garzón de la Audiencia Nacional de España, de inmediato ésta envió a México un expediente con sólidas acusaciones y solicitó su extradición (autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en febrero de 2001), Cavallo fue trasladado al Reclusorio Oriente, donde permaneció hasta el 28 de junio de 2003 cuando fue enviado a Madrid.

El 7 de septiembre de 2000, 15 días después de la aprehensión de Cavallo, el subsecretario Raúl Ramos Tercero se suicidó en un paraje de La Marquesa.

Ese mes Herminio Blanco concedió una extensa entrevista a La Jornada, en la cual admitió que para ese momento se tenía ya una certeza: la figura de concesión para el Renave ya no funcionaba.