La Cámara de Diputados cerró ayer el resquicio que la reforma política abría a la relección presidencial, pero al mismo tiempo definió que ante la falta absoluta del jefe del Ejecutivo, el secretario de Gobernación asumirá el cargo de manera automática y provisional hasta por sesenta días, lo que motivó una amplia disertación sobre las intrigas y pugnas que este periodo abriría en la lucha por el poder.

En la tercera jornada consecutiva de debates sobre dicha reforma, el pleno logró desahogar 17 reservas más a siete artículos en lo particular del dictamen, pero debido a que aún falta por sacar otras 25, la Cámara las analizará en las sesiones convocadas para jueves y viernes de la próxima semana, debido al puente por el Día de Muertos.

Anoche, cuando se aceptó limitar a dos meses la permanencia de un Ejecutivo provisional, y ante a la ausencia de la mayoría de los legisladores, el presidente de la mesa directiva, Emilio Chuayffet Chemor (PRI), únicamente dio por aceptada la modificación, por lo cual este será el primer punto a abordarse el jueves.

A diferencia de las sesiones de martes y miércoles, en la de ayer cambió parcialmente la correlación de fuerzas, ya que PRI, PRD, PVEM y PT lograron preservar la facultad exclusiva de la Cámara de modificar y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así como evitar la reconducción del gasto, ambos puntos presentados por el PAN.

No obstante, con apoyo de PRI y PAN se aprobó que el presidente de la República pueda presentar, al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, hasta dos iniciativas para trámite preferente o señalar dos que haya llevado con anterioridad y pendientes de dictamen.

De esta manera, las dos cámaras del Congreso estarán obligadas a votar las dos iniciativas preferentes del Ejecutivo en un plazo máximo de 30 días naturales, y de no ser así, las propuestas en sus términos y sin mayor trámite deberán discutirse y votarse por los legisladores en la primera sesión siguiente.

La concentración del poder presidencial definió la ruta de la sesión de este jueves, y los partidos lograron acotar los mecanismos y tiempos para la designación de un mandatario provisional, que con la redacción original propuesta por el PRI –según cuestionaron los otros partidos– podría postularse para el mismo cargo en el siguiente sexenio.

Con la reforma propuesta al artículo 84 de la Constitución, el dictamen preveía que en caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al interino o sustituto, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. De acuerdo con el PRI, con ello se llenaba un vacío sobre qué funcionario se haría cargo ante la ausencia definitiva del mandatario federal.

No obstante, se objetó que en el artículo 83 se suprimía la figura de presidente provisional entre las prohibidas para volver a desempeñar el cargo de jefe del Ejecutivo y sólo se dejaba en vigor las de interino o sustituto.

Ello inició una larga discusión sobre las asonadas, asesinatos y traiciones que caracterizaron los relevos presidenciales mexicanos en un siglo, desde el primer tercio del XIX. El Partido del Trabajo refirió que desde 1830, cuando asumió la presidencia Anastasio Bustamante, hasta 1911, ocho personajes ocuparon el poder durante 58 años, entre ellos Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez y Porfirio Díaz.

Perredistas y petistas objetaron que autorizar la asunción automática del secretario de Gobernación podría reditar esa historia de intrigas. En una de sus contadas apariciones en la tribuna, la diputada Indira Vizcaíno (PRD), focalizó el riesgo: Podría llegarse al extremo de que el presidente designe secretario de Gobernación al que sería su sucesor y pida licencia.

Desde la tribuna, Enrique Ibarra (PT) argumentó que “de una manera muy sutil, el prianato intenta borrar de la Constitución la figura de presidente provisional, que es una de las cuatro vías para que alguien acceda a la titularidad del Ejecutivo”. Dijo que mantener el texto votado en las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación podría, incluso, formalizar que el mandatario provisional se mantuviera en el poder hasta el término del sexenio y, de manera paralela, preparar su campaña.

Pedro Ávila Nevárez (PRI) pidió a sus compañeros de bancada recordar los asesinatos en su propio partido y que durante un siglo los documentos oficiales incluyen el lema: Sufragio efectivo, no relección.

Después de reconocer que José Luis Jaime Correa (PRD) detectó el resquicio, Felipe Solís Acero (PRI) propuso corregir la redacción del artículo 83 e incluir la prohibición para quien asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo federal durante un máximo de 60 días, en tanto el Congreso de la Unión se erige en colegio electoral y designa a un presidente interino o sustituto.

Las bancadas perredista y petista afirmaron que ese plazo será suficiente para provocar todo tipo de tentaciones e intrigas palaciegas entre la cúpula del partido en el poder. Solís Acero afirmó que dos meses constituyen un tiempo razonable para lograr los consensos y que quien ocupe el cargo lo sea con el mayor grado de aceptación del Congreso. No sólo es un asunto formal.

La redacción del artículo 84 de la Constitución prevé que cuando la falta absoluta del presidente ocurra en los dos primeros años del sexenio y si el Congreso está en periodo de sesiones, se constituirá en colegio electoral y nombrará –en escrutinio secreto y por mayoría absoluta– a un interino, y convocará a elecciones en un plazo no mayor de nueve meses; pero si la falta ocurre en los cuatro últimos años del periodo, designará a un sustituto que concluya el mandato.

El priísta explicó que la minuta del Senado ya suprimía la elección de un presidente provisional por parte del Congreso, por lo que no podía admitirse mantener el texto vigente que, ejemplificó, permitió a la Comisión Permanente aprobar en 1928 el interinato de Emilio Portes Gil, tras el asesinato del candidato triunfante, Álvaro Obregón, en el restaurante La Bombilla.