La afiliación a un sistema de salud es insuficiente si no existe el respaldo de la infraestructura y los recursos necesarios para garantizar la atención médica. Un análisis de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, afirma lo anterior y detalla que en el caso del Seguro Popular, pese a que, de acuerdo con el gobierno federal casi se alcanza la cobertura universal, algunos indicadores revelan su precariedad.

Es el caso del número de camas disponibles. De acuerdo con el estudio, en el país existen apenas 0.6 camas por mil habitantes que carecen de seguridad social. En el país, el indicador es de 1.7 y aun así se está por debajo de naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que cuentan con cinco camas por cada mil personas.

Más grave aún es la situación que prevalece en las regiones marginadas, donde sólo hay 0.1 camas por cada mil habitantes, señala el análisis en el que se abordan los temas pendientes en materia de salud y algunas alternativas que podrían ser de utilidad para revertir las carencias.

Los investigadores señalan que una opción es que los diputados introdujeran algunos agregados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012, como obligaciones para los estados y el gobierno federal. Con ello se mejoraría la eficiencia en el uso de los recursos económicos.

Para Fundar esto es relevante si se toma en cuenta que desde la entrada en operación del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, el presupuesto ha aumentado hasta 10 veces y no obstante el número de afiliados –más de 50 millones de personas– existen anomalías en el uso de los recursos, además de las carencias mencionadas.

La agrupación civil señala, por ejemplo, la opacidad en el reporte de las transferencias que realiza la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) a las entidades federativas; la discrecionalidad en el uso del dinero para la compra de medicinas, y la falta de información que relacione los nombres de los proveedores con la clave, número de medicamentos y total de venta para identificar las prácticas favorables.

La Auditoría Superior de la Federación detectó en la cuenta pública 2009 este tipo de irregularidades y hasta la fecha no hay evidencia de que se hayan corregido. Sólo en ese año, las anomalías en las compras de fármacos causaron un daño al erario por 314 millones de pesos.

Esto explica que, a pesar del elevado monto invertido en salud, no hay garantía de abastecimiento y provisión oportuna de medicamentos, en particular en las comunidades altamente marginadas y geográficamente alejadas de las principales ciudades del país.

De ahí que la propuesta de Fundar sea que en el PEF se establezca la obligación de los estados de publicar el monto total de las transferencias que reciben para adquirir medicinas e insumos y reportar semestralmente el uso que dieron a esos recursos.