Organizaciones civiles y académicos especialistas en el tema migratorio señalaron que la reciente Semana Nacional de Migración resultó una fiesta de autoalabanza de la administración pública federal.

Subrayaron que hasta el momento los grupos civiles no han tenido oportunidad de participar en la construcción del reglamento de la ley en la materia.

La elaboración de esta normatividad está a cargo de la Secretaría de Gobernación y deberá ser presentada el mes pró- ximo. En el reglamento se establecerá, por ejemplo, el alcance de las visas de tránsito y otros mecanismos de regularización.

Los integrantes del Grupo de trabajo sobre política migratoria afirman que Gobernación mantiene una actitud de simulación respecto de ese ejercicio de consulta, por lo que pidieron que se abra un debate plural para abordar ese complejo fenómeno. Insistieron en que el tema debe desvincularse de la estrategia de seguridad nacional.

Hay incongruencia. En el discurso se habla de políticas y leyes que garantizan derechos, pero en los hechos, parte de dichas leyes y políticas fomentan violaciones y discrecionalidad de las autoridades ejecutoras, afirmó.

El grupo de trabajo está integrado por Sin Fronteras, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California, Pastoral para la Movilidad Humana, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Instituto para las Mujeres en la Migración, Instituto para la Seguridad y la Democracia, Movimiento Migrante Mesoamericano, Red por la Infancia de México, Grupo Guatemala-México e Instituto de Estudio y Divulgación sobre Migración, entre otros.

Precisaron que desde hace cinco meses han solicitado a Gobernación respuestas a sus inquietudes, pero sólo los remiten a que envíen su material a un correo electrónico.

Ante ello, llamaron al presidente Calderón a no apostar por la cerrazón, y a “no olvidar las recomendaciones de la Relatoría sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto de ‘iniciar de manera inmediata una consulta amplia y transparente con la sociedad civil”.