Montevideo, 25 de octubre. El Senado uruguayo aprobó un proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985), que caducarían el primero de noviembre, con el rechazo de la oposición y el anuncio de acciones legales por parte de militares retirados.

Tras casi 10 horas de discusión, la Cámara alta aprobó con los votos del oficialista Frente Amplio (izquierda) –16 votos en 31– el proyecto que ahora pasó a la Cámara de Diputados.

La norma aprobada restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el retorno de la democracia.

Además, declara estos delitos crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales y afirma que no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad para su juzgamiento.

Hasta ahora los condenados –entre ellos los ex dictadores Gregorio Álvarez y el fallecido Juan María Bordaberry– lo han sido por homicidio agravado, delito que prescribe el primero de noviembre para crímenes cometidos en el periodo, por lo que las causas sin procesamiento se archivarían.

Ex militares anuncian querellas

La votación fue celebrada con aplausos por un centenar de personas que presenciaban la sesión.

Si estos casos prescribieran, sería paradójico y quizá una burla para los familiares que en tiempos de la dictadura no podían pedir justicia, (y) que cuando se abre la democracia, casi a los dos años (...) se decreta una ley de caducidad o impunidad, dijo el senador oficialista Rafael Michelini, al informar sobre el proyecto.

La ley de caducidad fue aprobada en 1986, cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura y un año y medio después de otra norma que amnistió a los presos y perseguidos políticos.

El Ejecutivo, que según la ley de caducidad debía autorizar qué casos de violaciones de derechos humanos podían ser juzgados, no lo hizo en los 20 años en que estuvo controlado por los partidos tradicionales Colorado y Nacional. Con la llegada de la izquierda al poder, en 2005, el entonces presidente Tabaré Vázquez dio luz verde a los primeros juicios.

La dictadura dejó 38 desaparecidos, según un informe de la comisión que funcionó entre 2000 y 2003 para investigar el destino de los desaparecidos.

Militares retirados anunciaron acciones judiciales contra ex miembros de grupos armados de la década de 1960 y 1970.