La certificación obligatoria de los médicos especialistas, prevista en la reforma a la Ley General de Salud (LGS) –vigente a partir del 2 de septiembre de 2011–, es inconstitucional, pues viola la autonomía de las universidades y pretende suplantar las facultades que la Carta Magna asigna a los colegios de profesionistas. Así lo consideraron la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Colegio Médico de México, instituciones que presentaron demandas de amparo para exigir la suspensión de esa modificación.

A su vez, Enrique Wolpert, titular del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem), resaltó la importancia de la nueva disposición, pues aunque son 95 mil los facultativos que de manera voluntaria solicitaron su certificación, al término de la vigencia –cinco años– no todos acuden por la recertificación, con lo que tampoco se asegura que el especialista se mantenga actualizado y con la pericia que exige la profesión.

Insistió en que la nueva disposición tiene la única finalidad de garantizar que los médicos cuenten con la habilidad, destreza y conocimiento de la especialidad que ejercen en beneficio de los pacientes.

En entrevista, el funcionario reconoció que las manifestaciones de inconformidad de médicos y universidades surgen por el último párrafo del reformado artículo 81 de la LGS, el cual plantea que para la expedición de la cédula de especialista las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del Conacem, la cual, dijo, de ninguna manera es vinculatoria.

Es decir, si la opinión del Conacem es de rechazo a la expedición de la cédula profesional, éste no es mandato para la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, apuntó.

También los galenos han expresado su inconformidad con que se otorgue a los consejos de especialidades las facultades para certificar.

Estos organismos más bien han servido para restringir el acceso a la medicina privada. La mayoría de los hospitales exigen pertenecer a algún consejo para poder ejercer la profesión en sus instalaciones, aseveró el ginecobstetra Raymundo Canales de la Fuente.

Dijo que los consejos de especialidades carecen de transparencia en la elección de sus dirigentes, su forma de actuar y en los mecanismos de ingreso de nuevos miembros. Por eso una inmensa mayoría de especialistas no están certificados, incluso varios de reconocido prestigio y trayectoria profesional, indicó.

Es el caso de ginecología y obstetricia, de la que, aseguró, existen alrededor de 20 mil especialistas y sólo unos 3 mil están certificados por el consejo respectivo. Canales advirtió del riesgo de que la reforma a la LGS incumpla sus objetivos y en cambio favorezca el enriquecimiento y empoderamiento de un pequeño grupo que va a pretender controlar el ejercicio de una especialidad en todo el país.

Por separado, Wolpert explicó que el espíritu de la modificación es que la cédula profesional es insuficiente para garantizar que el médico cuenta con el conocimiento, habilidad y destreza que exige el ejercicio de su profesión, lo que tampoco implica en modo alguno violación a las autonomías de las universidades.

Sin embargo, el 23 de septiembre pasado la UAM interpuso una demanda de amparo, en la cual rechaza la posibilidad de que un ente privado –el Conacem– se constituya en órgano fiscalizador de la función social educativa que tienen las instituciones de educación superior, como es la UAM, creadas por el Estado mexicano.

La demanda señala que la opinión que, según el cambio legal, se debe pedir al comité para emitir una cédula profesional de médico especialista podría descalificar y dejar sin efectos la función social y facultades de la UAM y el resto de universidades.

También el Colegio Médico de México presentó una demanda de amparo por considerar que con la reforma a la LGS y, en particular, el último párrafo del artículo 81 se suplantan sus funciones, dado que la Ley General de Profesiones otorga a los colegios de profesionistas la facultad de expedir reglamentos que delimiten los campos de acción de cada profesión, así como el de las ramas correspondientes, y los límites para el ejercicio de cada una de ellas.

Por eso, señala el recurso firmado por el presidente del colegio, Federico Marín y García, la modificación es inconstitucional.

Enrique Wolpert destacó que la reforma a la ley aún no está funcionando.

Todavía falta elaborar las disposiciones bajo las cuales funcionarán el Conacem y los consejos de especialidades médicas, en su tarea por certificar y recertificar a los profesionales de la medicina.

No se infringe la ley, opina director de la Facultad de Medicina de la UNAM

F. Camacho y E. Olivares

La certificación que llevan a cabo algunos consejos médicos privados del país, como requisito para que los especialistas puedan ejercer su profesión, no viola la autonomía de las instituciones de educación superior, porque si bien se les califica como supervisores de las universidades, en realidad sólo cumplen un trabajo de coadyuvancia con éstas.

Así lo afirmó Enrique Graue Wiechers, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien admitió que las reformas y adiciones a cuatro artículos de la Ley General de Salud –aprobadas por el Senado en septiembre pasado– han generado inconformidad de diversos organismos educativos, aunque consideró que dicho problema puede resolverse simplemente con una mejor redacción de dichos cambios legales.

Como se informó en su momento, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) anunció que centros de estudios de todo el país buscarían ampararse ante las mencionadas modificaciones, pues obligarían a los médicos a contar con el aval de su respectivo consejo de especialidad para poder ejercer, además de tener título profesional.

Por otro lado, diversos especialistas alertaron que imponer ese tipo de reglas convertiría el sistema médico del país en una muy mala copia del estadunidense y abriría las puertas a la comercialización de los certificados.

Frente a dichas críticas, Graue indicó que aunque los consejos de especialidades pueden implicar dudas sobre la calidad de algunas instituciones de enseñanza, en general han servido para comprobar que los médicos tienen un mínimo de conocimientos y habilidades para ejercer su trabajo.

En México, la Academia Nacional de Medicina comenzó a otorgar constancias de idoneidad hace 50 años, y desde entonces ese tipo de organismos han ido creciendo en número y calidad, a tal punto que en estos días la mayor parte de los especialistas ya están certificados.

Aunque en la década de los 90 se dejaron de pedir tales documentos como requisito para ejercer, actualmente se han retomado, lo que generó molestia en diversas instituciones académicas, las cuales perciben a los consejos como entidades que ponen en tela de juicio su capacidad para formar estudiantes.

Los artículos 81, 83 y 271 de la Ley General de Salud, apuntó, tal vez se reformaron con un lenguaje que deja vaguedades, y esto ha causado prurito en las universidades, porque dicen que ahora los consejos van a supervisarnos, pero no se trata de eso, de ninguna forma.

Cuando se elaboren los reglamentos de dichos cambios, según Graue, esos detalles controversiales pueden ser aclarados de forma sencilla, incluso mediante una simple modificación a la forma en que fueron redactados.

No veo razón para que se haya levantado tanta ámpula. Creo que para la medicina es bueno que existan los consejos de especialidades y habrá que encontrar los mecanismos para que se entienda que su función no es vigilarnos, sino certificar que lo que hacemos tiene el nivel para poder atender a la gente.