El Instituto Nacional de Migración (INM) ha dado de baja de 2010 a la fecha a cerca de 200 empleados a quienes se les ha perdido la confianza, de acuerdo con el diagnóstico y criterio general del organismo, cuya plantilla general es cercana a 5 mil trabajadores en todo el país.

Lo anterior, luego de demostrarse –según la indagatoria del propio instituto– que los destituidos incurrieron en delitos administrativos y/o penales, desde sospecha de corrupción hasta la responsabilidad de violación a los derechos humanos y complicidad con bandas criminales.

La semana pasada fue anunciado el término del contrato de 121 empleados, pese a que en 2010 pasaron sus exámenes de control de confianza. El INM argumenta que se requiere avanzar en un programa institucional de depuración.

Sin embargo, no precisó el motivo particular de cada una de las bajas, o si en algunos de los casos las indagatorias ya derivaron en sanciones administrativas (inhabilitaciones o multas) o penales, incluida la cárcel.

Presuntos cómplices de criminales

En ese grupo, según el comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, se hallan siete agentes señalados por migrantes como responsables de haberlos entregado a grupos delincuenciales como Los Zetas, en uno de los casos más conocidos de extorsión y secuestro de indocumentados. Estos delitos se han cometido principalmente en Tamaulipas.

El plagio masivo por el que fueron señalados los siete agentes ocurrió en mayo pasado.

En ese momento, la información oficial señaló que eran seis los funcionarios identificados como presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) afirmó que la identificación de los agentes del INM ocurrió durante declaraciones de 120 migrantes (81 mexicanos y 39 extranjeros) ante autoridades federales, en las que estuvieron presentes abogados del organismo.

La mayoría de los extranjeros secuestrados procedía de Centroamérica, pero también había seis chinos, tres de ellos menores de edad.

El IFDP indicó que un grupo de centroamericanos identificó a agentes del INM como las personas que los detuvieron y bajaron de autobuses de pasajeros para entregarlos a presuntos miembros del crimen organizado.

Sin embargo, en el grupo de los 121 rescindidos la semana pasada también se hallan empleados que tras su intempestiva salida del INM manifestaron su inconformidad con los procesos de depuración.

Los inconformes alegan que no están claros los procesos del despido, y sostienen que no tenían antecedentes negativos. Por lo pronto, se desconoce el estatus de cada indagatoria.

Tomamos una decisión estrictamente administrativa y otras instancias decidirán si procede alguna sanción por delincuencia, expresó en entrevista el comisionado Beltrán del Río.

Dijo que los trabajadores que fueron dados de baja están en su derecho de recurrir la decisión del instituto.

Hay criterios de pérdida de confianza, subrayó.