El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) aceptó la creación de un capítulo especial para México. El organismo analizará a partir de ahora y hasta 2014 las múltiples denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el país, para emitir una recomendación.

En un acto realizado ayer en el auditorio Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, un grupo de académicos, activistas y representantes de diversas organizaciones sociales hicieron la petición de manera formal para que el organismo realice un análisis exhaustivo de los abusos contra las garantías básicas de miles de personas.

El trabajo, explicaron, se realizará en torno de siete ejes temáticos: guerra sucia y falta de acceso a la justicia; migración, refugio y desplazamiento forzado; feminicidio y violencia de género; violencia contra los trabajadores; violencia contra la soberanía alimentaria; devastación ambiental, y desinformación, censura y violencia contra los comunicadores.

La abogada Magda Gómez, especialista en derecho indígena, delineó un amplio panorama de los motivos por los cuales se solicitó la intervención del TPP.

México, lamentó, sufre un grave proceso de descomposición social, violación masiva de los derechos fundamentales de la población, hambre, corrupción e impunidad, acompañado por la criminalización de quienes se atreven a disentir y se organizan con el fin de proponer opciones.

Entre los agravios mencionados por Gómez figuran los despojos de tierras comunales cometidos por grandes empresas –con apoyo o complicidad del gobierno–, el control corporativo de la mayoría de los medios de comunicación, la falta de acceso a la justicia y la guerra contra el pueblo, desencadenada con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado. Vivimos ya en una virtual dictadura civil, alertó.

Para reforzar lo anterior, activistas, líderes políticos, académicos y periodistas –entre ellos Carlos Fazio, Ignacio del Valle y Martín Esparza– expusieron con amplitud los argumentos por los que se hace necesaria la participación del tribunal en cada uno de los siete ejes temáticos.

En respuesta, Franco Ippolito, vicepresidente del TPP y magistrado de la Corte Suprema de Casación de Italia, y Philippe Texier, magistrado de la Corte de Casación de Francia y ex presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, anunciaron el comienzo formal de las actividades del capítulo México, en apego a su deber de revisar la dolorosa realidad del país.

Cualquier modelo económico, afirmaron, debe estar sometido al respeto de los derechos humanos, lo cual está muy lejos de ocurrir en la actualidad, por lo que se vuelve urgente reivindicar el derecho de las víctimas a la justicia, a saber la verdad y a que les sea garantizada la reparación del daño y la no repetición de los crímenes, tarea que está incumpliendo el Estado mexicano.

El investigador Octavio Rosas Landa, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, explicó que una vez declarado el inicio de las labores del TPP en México, el proceso completo de análisis durará tres años.

En ese periodo, los colaboradores del organismo realizarán seminarios, talleres e investigaciones para recabar evidencias de los crímenes denunciados en cada subtema, y presentarán una audiencia final en 2014.

Cabe la posibilidad, añadieron los impulsores de esta iniciativa, de que se cree una octava audiencia sobre derechos de los pueblos originarios, si el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena deciden participar.

En el cierre del acto, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, denunció el carácter irracional, cínico y voraz del actual sistema político y económico, y agradeció a los integrantes del TPP el comienzo de sus labores en el país.