La inseguridad en el país le ha venido a dar la puntilla a la actividad forestal en México, sumida en un caos en el que impera el clandestinaje y la falta de competitividad, coinciden industriales, productores campesinos, investigadores y organizaciones no gubernamentales, que subrayan que las políticas neoliberales de abandono al campo y apertura comercial ocasionaron la caída de la producción de 12 millones de metros cúbicos de madera a finales de los años 90, a poco más de 6 millones en 2010.

Adicionalmente, tras la firma de sendos tratados de libre comercio, primero con Estados Unidos y Canadá, y luego con Chile, se inundó el país con madera e insumos forestales más baratos. Ahora la industria nacional cubre sólo un tercio de la demanda interna, el resto son importaciones, generando un déficit en la balanza comercial de 5 mil millones de dólares.

Ello pese a que en México existen unas 55.5 millones de hectáreas de bosques y selvas –entre 75 y 80 por ciento propiedad de ejidos y comunidades indígenas– de los cuales 21.6 millones tienen un potencial productivo que, en 2001, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estimó en su Programa Estratégico Forestal para México 2025, en unos 30 millones de metros cúbicos de madera.

La venta clandestina de madera, cuya extracción y transporte es protegida en ocasiones por el crimen organizado, como lo ha denunciado desde el 2008 la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán, representa al menos otro tanto de lo que se produce legalmente, coincidió la mayoría de los entrevistados.

Incluso el director de la Comisión Nacional Forestal, Juan Manuel Torres Rojo, reconoció tácitamente, en entrevista, la incidencia de la inseguridad en zonas forestales, que afortunadamente ha afectado en forma mínima al personal de la dependencia a su cargo, aunque comentó –sin entrar en mayores detalles– que sí han debido rescatar en algún momento a algunos de sus contratistas.

No todo es saldo rojo sin embargo: hay aún organizaciones de campesinos e indígenas sobrevivientes de lo que, en los años 80, llegó a considerarse la vanguardia del manejo forestal comunitario a nivel mundial, cuyas organizaciones productivas cuentan incluso con aserraderos, estufas para el secado de la madera y contactos para su comercialización –paradigmáticos llegaron a ser San Juan Pueblo Nuevo, en Michoacán; El Balcón, en Guerrero, y El Largo, en Chihuahua–, si bien el estancamiento o la quiebra de muchas empresas campesinas produjo desempleo y migración, facilitando la penetración del narcotráfico y otras actividades ilegales en algunas regiones.

También ha disminuido la deforestación, que, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), bajó de 235 mil hectáreas anuales entre 2000 y 2005 a 155 mil en 2010. El ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera y actual consejero de la misma, Miguel Carpizo McGregor, puso en duda esa información:

Usted sabe que uno de los problemas más fuertes que hay para combatir el hampa en la zona rural es que la policía municipal no actúa como debe porque (los hampones) la tienen acosada o comprada, como sea; igual pasa mucho con los agentes estatales. La Policía Federal hace su trabajo, igual que el Ejército. Si ellos, que traen armas, con preparación policiaca y castrense, se enfrentan con enemigos tan drásticos, ¿qué sucede con la gente de la Profepa que están muy limitados?, cuestionó.

Los operativos de la Profepa, afirmó Carpizo, aunque los apoyan policías federales y estatales, fallan la mayoría de las veces porque cuando llegan ya no hay nadie y sigue precisamente ese contubernio y se permite que entren por carretera los camiones con madera ilegal, que se vende en madererías o se usa para fabricar muebles que se venden en la calle o millones de huacales para empaque de frutas y verduras.

Subrayó que en estados como Michoacán, Guerrero, Durango, Oaxaca y Chihuahua hemos tenido situaciones drásticas, muy difíciles; acaban de matar a un compañero maderero en Durango, Arturo Pérez Gavilán, lo balacearon... y esa situación hace que la gente amedrentada, intimidada, haga lo que los hampones quieren... les pagan derecho de piso, derecho de paso, todo eso incrementa los costos, independientemente de los camiones ya cargados con madera que nos roban a la entrada de establecimientos, además de la inseguridad en general, porque somos sujetos de extorsiones constantemente.

Elevados costos de producción

El director de Conafor reconoció la dimensión del problema del clandestinaje, atribuyéndolo a los altos costos de producción y burocratismo, pero además a que los industriales quieren pagar la madera al precio que sea. Entonces vamos a cambiar el programa de manejo con los productores, que puedan extraer los excedentes de una manera más barata... y que los industriales se comprometan a pagar a precios de mercado, no queremos castigarlos, afirmó.

Miguel Ángel García, de la organización Maderas del Pueblo del Sureste, señaló que falta voluntad política para atacar el problema, porque se sabe quiénes compran madera clandestina y deberían hacer operativos, hacer inventarios en aserraderos, y vamos a ver aquí toda la madera que hay, de dónde viene y se tiene que fundamentar su extracción legal, aplicar la ley con rigor, además de que podría involucrarse a ciudadanos ambientalistas como inspectores ciudadanos.