León, Gto. El gobierno de León podría incurrir en violación de los derechos humanos y al trabajo consagrado en la Constitución, si prohíbe la recolección y reciclado de basura a los leoneses que viven de esta actividad, consideró el ombudsman local, Gustavo Rodríguez Junquera. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato abrió la queja 246/11-A, para investigar las denuncias de que la administración municipal impide trabajar a pepenadores y recicladores, al consignarlos a las autoridades. El 25 de agosto el ayuntamiento autorizó que Limpiado y Reciclados del Bajío opere el único centro de acopio, separación, clasificación y comercialización de residuos sólidos en la ciudad.