La Cámara de Diputados aprobó fast track la Ley de Ingresos de la Federación, que permitirá al país contar con recursos por 3.7 billones de pesos. En un debate que sólo duró 90 minutos –en contraste con las discusiones maratónicas de otros años, que impuso récord en la historia legislativa–, los diputados afirmaron que los ingresos y las variables macroeconómicas se ajustan a la recesión mundial.

Las bancadas de PRI y PAN argumentaron que si no quisieron mover el precio del petróleo y, en cambio, redujeron a 3.3 por ciento la expectativa de crecimiento económico para 2012, se debe a que es preferible ser prudentes para evitar que el próximo año el país se enfrente a recortes por una caída de los ingresos petroleros y tributarios.

Si bien la aprobación de la Ley de Ingresos se dio de manera tersa, y por primera vez los diputados no terminaron la discusión en la madrugada, se espera un entorno distinto cuando se revise el gasto, debido a que el PRI no obtuvo prácticamente nada de recursos adicionales.

Diputados priístas adelantaron que se han identificado partidas de las cuales el Ejecutivo federal no explica un fin específico, y podría tratarse de programas de carácter electoral.

Además, comentaron que en la plenaria del miércoles, el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López Aguilar, insistió en reventar, por tercer año consecutivo, la negociación del gasto si no se incluyen aumentos a los programas corporativos de los líderes campesinos, como el de apoyo al autoconsumo, que son entregados directamente a un grupo de priístas por la Secretaría de Agricultura.

Ayer, a la una y media de la tarde se inició la presentación de posturas de las bancadas sobre la Ley de Ingresos, y debido a que este año el Ejecutivo federal no solicitó aumentos de impuestos ni la aplicación de nuevos, la negociación fue menos complicada.

Incluso, la bancada del PAN aceptó suprimir la adición de un artículo 22 en la ley, con el que el presidente Felipe Calderón pretendía que los estados cobraran un impuesto al valor agregado (IVA) disfrazado de gravamen de 5 por ciento a las ventas y servicios al público en general.

Al defender el dictamen de la Comisión de Hacienda, el presidente de esa instancia, el panista Alberto Becerra Pocoroba, dijo en tribuna que la Ley de Ingresos privilegia la precaución en el crecimiento económico previsto para 2012. El Ejecutivo, cuando envió el proyecto, lo estimó en 3.5 por ciento, pero los integrantes de la comisión consideramos oportuno establecerlo en 3.3 por ciento.

Argumento que la cámara cumplió en tiempo con la responsabilidad de aprobar la Ley de Ingresos, pero tomando en consideración las circunstancias económicas mundiales y que la economía nacional ha permanecido estable desde hace varios años.

El PRI, por conducto de Sebastián Lerdo de Tejada, argumentó que la comisión actuó de forma responsable y que al corregir la iniciativa de Calderón, la cámara responde de mejor manera a la coyuntura y abre mejores márgenes de certidumbre a los actores económicos.

El dictamen sobre la Ley de Ingresos estaba planchado de tal forma que sólo se presentaron ocho reservas en la discusión de los artículos en lo particular, que fueron desahogadas en 35 minutos.

El interés de los diputados por apresurar la aprobación se reflejó en que para la votación nominal, el presidente de la mesa directiva, Emilio Chuayffet Chemor, del PRI, sólo dio tres minutos para cada una.

De las reservas, se desecharon siete de PRD y PT. Entre otras, una para gravar con 7 por ciento las ganancias en la bolsa, y otra para que la Cámara de Diputados apruebara el endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad para que éste fuera más reducido.

El pleno aprobó, en cambio, una modificación para que la Secretaría de Hacienda se obligue a entregar a la Cámara de Diputados un desglose sobre las devoluciones fiscales a los grandes contribuyentes. Es un tema sencillo que ayuda a eliminar la opacidad, afirmó el diputado priísta Omar Fayad.

A las tres de la tarde en punto, el pleno aprobó la Ley de Ingresos, y el documento fue enviado ayer mismo a la Cámara de Senadores, que tiene de plazo el 30 de octubre para decidir si lo aprueba en sus términos o realiza cambios.