Paraje Montero, Malinaltepec, Gro., 17 de octubre. La defensa de nuestro territorio empieza con la defensa de nuestros cuerpos como mujeres, e incluye nuestras relaciones familiares y comunitarias, señalaron unas 50 indígenas participantes en la conmemoración del decimosexto aniversario de la policía comunitaria y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, quienes exigieron la desmilitarización de los territorios indígenas, ya que ello conlleva acoso, violencia e impunidad.

Aunque no estaba prevista la realización de una mesa de mujeres, éstas vencieron la resistencia, incluso la de sus propios compañeros, para realizarla. Levantaron la voz para reclamar al gobierno que cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de agosto de 2010, relativa al caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, del pueblo me’phaa (tlapaneco), violadas y torturadas en 2002 por efectivos del Ejército. Acordaron luchar y apoyarse entre mujeres, para que se haga justicia en éstos y otros casos en los que sufren violencia de los militares.

A casi 10 años de los hechos, los expedientes del caso de Inés y Valentina siguen sin consignarse ante un juez civil, de forma que los militares que atentaron contra ellas siguen impunes, denunciaron en días pasados la Red Todos los Derechos para Todos (TDT) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En el pasillo de la ayudantía municipal de esta comunidad se efectuaron los trabajos de la mesa de mujeres, donde al atardecer una intensa neblina fue desdibujando los rostros de las participantes.

Se escuchó otra vez el relato de cómo Inés y Valentina, en diferentes circunstancias, sufrieron la violación tumultuaria de los soldados, así como el calvario que han padecido en busca de la elusiva justicia mexicana.

No se denuncia porque no se investiga

Las mujeres de Ayutla de los Libres, Guerrero, de donde es originaria Inés Fernández, denunciaron que los militares se meten en las comunidades hasta donde lavan la ropa, en el monte; las molestan, se llevan a sus hijos para interrogarlos. Asimismo, han ocurrido violaciones en muchos casos, las cuales no se denuncian por miedo y porque el gobierno nunca investiga.

Incluso, han asesinado a hombres de sus familias, y ellas son las que deben hacerse cargo, indicaron.

Las mujeres de Citlaltépetl y las de San Luis Acatlán, guerrerenses también, destacaron que han logrado formar un comité femenino. Las segundas incluso participan como representantes ante la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.

Ahora exigen que en la vigilancia comunitaria haya policías y comandantes mujeres, así como que se aumente el número de coordinadoras, además de espacio físico para mujeres en la coordinadora.

Asimismo, plantearon la necesidad de crear mecanismos de vigilancia en las propias comunidades para prevenir y enfrentar la violación de los derechos de las mujeres, así como organizaciones y espacio para denunciar los hechos y vigilar el cumplimiento de las sanciones, con el fin de que no se repitan hechos violatorios.

Subrayaron que deben encontrar su propia fuerza y que la justicia empieza con el apoyo de la pareja; de lo contrario no podrán avanzar.

No importa que seamos de diferentes regiones y de diferentes colores y que hablemos diferentes lenguas; los problemas de las mujeres son los mismos, añadieron.

Representantes del Comité de  Desaparecidos de Guerrero señalaron que a aquellas que denuncian la desaparición de parientes no les hacen caso “porque echan la culpa al familiar, diciendo que estuvo metido en algo o se fue con otra mujer.

Hay mucho aislamiento de la comunidad porque tienen miedo de que les pase lo mismo, apuntaron.

Enfatizaron la importancia de tejer redes entre las organizaciones femeninas porque hay muchas leyes que se aprueban para proteger los derechos de las mujeres, pero las instituciones no las aplican y la violencia continúa en todo el estado y el país.