La Secretaría de Gobernación (SG) no ha iniciado ningún proceso de revocación de permisos de casinos, aun cuando hace un mes interpuso demandas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto juego ilegal de los operadores del casino Royale, donde el 25 de agosto murieron 52 personas en un incendio.

La dependencia a cargo de Francisco Blake Mora promovió además procedimientos administrativos contra Atracciones y Emociones Vallarta (permiso base del que se desprendió casino Royale), mientras que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició, desde hace más de cuatro meses, una auditoría hacia la dirección general Adjunta de Juegos y Sorteos de Gobernación, así como a funcionarios que han estado a cargo de esa área, de 2004 a la fecha.

En ninguno de los tres casos (averiguación de la PGR, SG y la SFP) se han dado a conocer resultados de las indagatorias, pese a que el mes pasado Gobernación reveló la existencia, según  sus propios documentos, de una cadena de prácticas ilegales, tales como criterios de excepción regulatoria.

Aunque los recientes titulares del área de Juegos y Sorteos de Gobernación han sido investigados, denunciados penalmente e incluso inhabilitados por la SFP, ninguno ha ido a la cárcel y, por el contrario, pudieron colocarse en otros empleos incluso en el Instituto Federal Electoral (IFE) o como asesores de los mismos promotores de casinos.

Por ejemplo, Ezequiel González Matus, ex titular de la dirección general adjunta en cuestión (periodo octubre 2004-septiembre de 2005) y Fernando Chargoy, entonces subdirector de Control y Finiquito de Espectáculos en vivo, fueron sancionados por la SFP por autorizar la reapertura, reubicación y expansión de establecimientos de apuestas.

Luego González Matus fue contratado por el IFE como asesor jurídico durante el proceso electoral 2009. Según fuentes del organismo, su trabajo fue temporal y, la información más reciente de la que tuvieron conocimiento es que ganó un amparo en el Poder Judicial para anular la sanción impuesta por la SFP.

Aunque el caso recientemente difundido, acerca de actos de corrupción y violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento, es el de Roberto Correa Méndez, ex titular de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, durante enero de 2007 a julio de 2009 (en las gestiones de Francisco Ramírez Acuña y Juan Camilo Mouriño), otros funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno y de la misma dirección general también han sido acusados de firmar autorizaciones ilegales.

Manuel Fierro Evans, ex titular de la Unidad de Gobierno durante el periodo octubre de 2004-marzo de 2005, fue inhabilitado por la SFP en mayo de 2007.

Este funcionario también está denunciado ante la procuraduría por aplicar criterios ilegales en favor de Juegos de Entretenimiento y Video de Monterrey, la que luego cedió sus derechos a Entretenimiento y Video de Cadereyta, otra de las empresas de la cadena que derivó en la operación del casino Royale.

Cuando llegó a Gobernación, Fierro Evans reportó en su declaración ante la SFP ingresos mensuales netos por 99 mil 753, debido a su cargo público, y otros por 22 mil pesos, así como la propiedad de tres casas. Al salir, al igual que González Matus, decidieron no hacer públicos sus datos patrimoniales.

Otro de los funcionarios creelistas sancionados fue José Guadalupe Vargas, igualmente director general de Juegos y Sorteos.

Guadalupe López Mares, predecesora de la titular actual de la Dirección General Adjunta (periodo agosto 2009-junio 2011, parte de la gestión en la SG de Fernando Gómez Mont y del actual secretario Blake), fue señalada por la SFP, junto con otros cinco funcionarios del área, de actuaciones fuera de la norma que redundaron también en beneficios para Atracciones y Emociones Vallarta.

En opinión de Lizbeth García Coronado, secretaria de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, las indagatorias de la SFP en curso son superficiales y culpó a los funcionarios de Gobernación de intentar encubrir de esta forma la corrupción en materia de casinos.

La legisladora interpuso en mayo pasado demandas en la PGR en contra del titular de Gobernación e integrantes de su equipo, por complicidad, al permitir operar 16 establecimientos presuntamente ilegales.

El método, de acuerdo con García Coronado, es facilitar el pago de participaciones al erario y con ello generar derechos para los empresarios.

Dijo que Empresa Comercializadora y Entretenimiento de Chihuahua busca instalar 120 salas de juego en el país, así como la empresa Exaindia Games, la cual opera cinco casinos sin ser permisionaria. Otra de las beneficiadas en 2009, añadió, es Juegos y Sorteos de Jalisco.

La semana pasada, durante su comparecencia ante diputados, Blake Mora reiteró que la SG no expedirá ningún permiso o autorización de apertura de establecimientos, en tanto concluye el proceso de depuración.

De la propuesta de la diputada García en el sentido de cerrar todos los casinos y reabrirlos paulatinamente sólo tras la auditoría y revisión correspondiente, Blake respondió que le encantaría hacerlo a través de un decreto, pero habrá qué ver las complejidades de la acción jurisdiccional de los derechos que han adquirido los permisionarios.