Cuernavaca, Mor., 14 de octubre. El nuevo sistema de justicia penal promulgado por el presidente Felipe Calderón el 18 de junio de 2008, que incorpora los juicios orales y que en el ámbito federal tendrá que implementarse a más tardar en 2016, no va funcionar para combatir la delincuencia organizada, porque varias herramientas que utiliza la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) para combatirlo son todavía del sistema tradicional, afirmó Rodrigo Archundia, coordinador de la unidad especializada en investigación de secuestros, de la dependencia.

Estamos ya muy próximos, faltan pocos años para que el sistema federal entre ya al penal acusatorio, y por lo menos creo yo que no va funcionar para los tipos de delincuencia organizada; es mi apreciación y la de los jueces de distrito que he escuchado, aseguró el funcionario federal al participar en el Congreso Internacional Impacto y Escenarios de la Reforma Penal, celebrado en el hotel Sumiya, de Jiutepec.

Archundia destacó que la herramienta del arraigo es una de las más eficaces, y que en lo que va del año han arraigado a mil 391 personas. “Las herramientas más utilizadas y que reportan mayor efectividad para las investigaciones son las órdenes de cateo, el aseguramiento precautorio, el arraigo, la intervención de comunicaciones, operaciones encubiertas, testigos colaboradores y la extinción de dominio; si me preguntan si son eficaces o no, tendría que decir que sí.

Son necesarias para la integración de nuestras averiguaciones previas. Si damos vuelta atrás todo lo que está ocurriendo en los estados, pareciera que en todos lados hay bandas de delincuencia organizada, y esto crea un cúmulo de trabajo para la Siedo. Para nosotros el arraigo es una herramienta muy útil, reiteró.

Sin embargo, Ricardo Sepúlveda, director del Centro Jurídico para Derechos Humanos, resaltó que la ventaja del nuevo sistema penal acusatorio adversarial es que el arraigo quedará derogado, y tiene los días contados, debido a que existe el derecho a la presunción de inocencia, el cual ya opera parcialmente en siete estados y en dos en su totalidad.

En su intervención, recalcó que el arraigo no se aplicará más si se aplica de manera correcta el nuevo sistema de justicia penal, porque habrá otras medidas cautelares, como lo han recomendado organismos internacionales de derechos humanos, y porque además (el arraigo) es una norma en contra de las garantías individuales. Ninguna política de seguridad, en la circunstancia que sea, puede menoscabar los derechos humanos.

El nuevo sistema de justicia penal promulgado en 2008 utiliza mecanismos alternativos al implementar juicios públicos y orales, ampliar el derecho de la víctima u ofendido, proteger con mayor eficacia los derechos humanos de los inculpados, restringir la prisión preventiva, entre otros. Mientras que en el sistema tradicional, casi todo era por escrito, las audiencias son privadas con procesos que se llevan varios años y no se exige la presencia del juez.