A pesar de contar con uno de los mayores presupuestos entre las entidades y órganos autónomos del Gobierno del Distrito Federal, y con más de dos décadas de existencia, la Asamblea Legislativa no es propietaria de ninguno de los cuatro inmuebles que ocupa, ni siquiera del recinto legislativo.

De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información, el edificio de Donceles y Allende, donde se llevan a cabo las sesiones ante el pleno, pertenece al patrimonio inmobiliario del gobierno federal, mientras que los ubicados en en el Zócalo, avenida Juárez y Gante, destinados a las oficinas de los diputados y su personal, forman parte del patrimonio del gobierno capitalino.

La Asamblea ocupa otros tres inmuebles para oficinas sindicales y el área de comunicación social en Gante, Donceles y Allende, para lo cual eroga mensualmente 264 mil pesos.

Aunque en algún momento trascendió que se pretendía adquirir uno de los inmuebles que sobre Donceles dejó el Senado de la República, no hay planes para comprar alguna propiedad ni a corto ni a largo plazo.