Después de meses de negociaciones con juristas, académicos e integrantes de los poderes Judicial y Ejecutivo y de un desencuentro con la Suprema Corte, por el retraso en aprobarla, el martes se votará ante el pleno del Senado la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria, de los artículos 103 y 107 de la Constitución.

Aunque el dictamen se aprobó en lo general y en lo particular, senadores del PRD como Pablo Gómez y Tomás Torres buscarán que se modifiquen varios artículos, ya que consideran que se dejaron de definir puntos torales, que quedarán a criterio de jueces y magistrados. Sucederá, entonces, como ahora, que se conceda amparo para la instalación de casinos en unos casos sí y en otros no.

Ello podría prestarse a corruptelas y dejar sin efecto los cambios medulares de la reforma constitucional, en materia de juicio de amparo, aprobada por el Congreso y las legislaturas locales en diciembre del año pasado, como es la posibilidad de ampararse contra actos de particulares, recalcó el senador Torres.

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, una de las dictaminadoras, explicó que fue una modificación relevante el llevar a la Carta Magna que habrá amparos no sólo contra leyes y actos de autoridad, sino también contra particulares, pero no se define en qué casos.

“Se lo vamos a dejar al poder judicial. El criterio no lo va a sostener el Congreso, sino los jueces federales y es muy delicado, recalcó; puede prestarse a corrupción.

Explicó que ni priístas ni panistas aprobaron que se estableciera la procedencia del amparo contra la negativa de la autoridad a ejercer acción penal, lo que cierra la puerta, por ejemplo, a la demanda de los deudos de los mineros muertos en Pasta de Conchos, en ese sentido.

En la reunión de comisiones que se discutió ese punto, el perredista Pablo Gómez preguntó Para que se quiere entonces el juicio de amparo.