Especialistas en derecho penal criticaron el proyecto de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales enviado por Felipe Calderón a la Cámara de Diputados, pues algunos puntos vulneran garantías fundamentales. Señalaron que de avalar la iniciativa afectaría a los ciudadanos y contravendría tratados internacionales y la Constitución.

Sergio García Ramírez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que con la situación actual que enfrenta México, no puede darse el lujo de seguir experimentando en esta materia.

Lo que sucede hoy en el país es trágico, tenemos un drama de inseguridad terrible, de impunidad superlativa, fenómenos de corrupción constantes. Y lo que se da como respuesta es un proyecto muy discutible de Código de Federal de Procedimientos Penales. Esa no es la respuesta.

Si bien, dijo el también presidente de la Academia de Ciencias Penales y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la iniciativa del Ejecutivo federal presenta puntos relevantes y positivos, en otros hay riesgos para las garantías de los derechos básicos.

De una primera mirada a esta versión, creo que es un documento interesante, esforzado, pedagógico, se puede utilizar en la cátedra, ayuda a revisar qué son los principios, las figuras procesales y las etapas del procedimiento, lo hace minucioso. Sin embargo hay disminución de garantías para el individuo.

Un ejemplo es lo que plantea sobre la consignación, ejercicio de la acción penal, de libramiento de la orden de aprehensión o del formal prisión.

Uno de los puntos que más preocupan a García Ramírez es el fin de llegar a acuerdos en los juicios penales. “Aquí los inculpados pueden ponerse de acuerdo con la víctima y, lo que es más grave, pueden acordar con el Ministerio Público para admitir ciertas cosas a cambio que se afloje la presión y el juez imponga una condena benévola. Es decir, se negocia el proceso y las consecuencias del mismo.

“Me da miedo pensar en ciertos pactos. Si es entre víctima y victimario puede llevarse alguien la tajada mayor porque es muy fuerte. Pacte usted con una pandilla, con la delincuencia organizada o con un criminal que lo aborrece. O pactar con el MP, ¿a consta de qué? ‘Yo te bajo la imputación, si tú aceptas estos hechos, pero si no lo aceptas te lo subo’ podrían decir”.

Para el investigador universitario estas propuestas están copiadas del modelo estadunidense, pero no del de justicia, sino de la televisión. Se han visto muchas series, esto se ha querido trasladar aquí como su pudieran fácilmente funcionar.

Carlos Daza, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, subrayó que de aprobarse el proyecto, México estará al borde de un rompimiento en el equilibrio constitucional. Nos quieren dar seguridad restringiendo nuestra libertad.

Sobre las detenciones, cateos e intervenciones de comunicación sin autorización judicial, el especialista aseveró que atenta contra la seguridad jurídica

Lo que mínimo debemos conservar en el sistema penal es el principio de seguridad jurídica; nadie puede ser molestado en su persona o bienes más que por mandato de la autoridad. El juez debe autorizar un cateo, pues ante violación de garantías el sistema pierde su sentido. Esto se vuelve un Estado totalitario y autoritario.

Detener a una persona sin orden judicial, dijo, representa una ineficacia en las pesquisas ministeriales. “Tienes que indagar para detener, pero no detengas para investigar, pues se vulnera la garantía de tránsito de la persona que esté en arraigo, y a veces al final le dicen ‘usted disculpe, no hay nada’”.