Este viernes empieza sus trabajos la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, con un esquema operativo ensamblado a marchas forzadas, en apenas un mes.

El presidente Calderón nombrará al titular de esta nueva instancia, cuyo objetivo es dar atención oportuna e integra a las víctimas u ofendidos.

El arranque será en el contexto de la primera sesión de la junta de gobierno de esta procuraduría, con la instalación formal para materializar los acuerdos y compromisos luego de que Ejecutivo anunció –durante su quinto Informe de gobierno– la creación de este organismo descentralizado.

Empezará a funcionar con un fondo de 200 millones de pesos para atender a víctimas y deudos de la violencia. A nivel administrativo, operará con recursos humanos y materiales tomados de otras áreas que ya tenían dicha encomienda, como la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República y una subsecretaría de la Secretaría de la Seguridad Pública federal.

Pablo Escudero (Partido Verde), presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, comentó que en los trabajos iniciales se habló de una partida de 200 millones para repartir entre víctimas y deudos.

Falta ver si la procuraduría tendrá una estructura administrativa definida, como una secretaría, o habrá que invertir primero en la estructura, en los sueldos, y luego asignarles recursos presupuestales para que puedan dar atención a las víctimas, señaló.

En lo que resta del año, el organismo operará con recursos derivados de otras dependencias, aunque los legisladores deberán asignar una partida presupuestal para fondear los trabajos de esta instancia, que deberá asegurar el acceso a los servicios especializados a víctimas u ofendidos de delitos.

Además, canalizarlos para la asistencia médica y sicológica especializada; dar orientación jurídica y apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas.

La junta de gobierno –que deberá sesionar mañana– está integrada por los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda, Desarrollo Social y Salud, así como por el procurador general de la República y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Adicionalmente, participarán cuatro representantes de la sociedad civil invitados por el Ejecutivo federal. Habrá invitados permanentes en esta junta –de otras instancias públicas de los tres niveles de gobierno–, pero no tendrán derecho a voto.

Escudero coincidió con diputados del PRI en que se trata de un buen comienzo, porque actualmente no hay atención efectiva a las víctimas.

El mes pasado tuve conocimiento de un caso de unos policías federales secuestrados, torturados y asesinados. Sin embargo, el gobierno abandonó a las familias, e incluso a los policías les levantaron actas por abandono laboral, señaló.