En vísperas de que se inicie el proceso electoral para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, el esquema de selección de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) ha mostrado insuficiencias y sometimiento a los intereses partidistas. La falta de consenso entre los grupos en la Cámara de Diputados ha evidenciado el agotamiento del esquema de cuotas que ha prevalecido en las designaciones de quienes se supone son consejeros ciudadanos.

El problema es que el Congreso ya demostró que puede violentar la legislación electoral cuando así convenga a intereses políticos de cualquier partido. Eso es gravísimo, porque es claro que no les interesa el riesgo que ello implica para la autoridad electoral, advirtió el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Julio Juárez, quien aseguró que el proceso actual está ya descalificado, porque ha sido desaseado y esta situación va directamente en detrimento de la institución.

Urge reformar la legislación

Para el ex consejero electoral Virgilio Andrade, cuyo cargo está vacante ante el fracaso de las negociaciones, el modelo de selección debe ser revisado una vez concluido el proceso, además de una reforma amplia de la legislación electoral.

En 1996, cuando se designó al Consejo General que encabezó José Woldenberg, las designaciones por consenso se plantearon para dar credibilidad al órgano y confiabilidad a los partidos. El esquema requiere de consensos, eso es indudable, reconoce Andrade, quien participó en el Consejo General electo en 2003, que se designó sin la confluencia de todas las fuerzas políticas y ello implicó un costo previo que se le cargó al organismo, porque enfrentó sospechas por sus presuntas filias partidistas.

En 2003, las negociaciones se rompieron y el PRD no participó en la designación de los consejeros, cargos que fueron pactados por el resto de las fuerzas políticas. La consecuencia fue que prácticamente desde su origen la izquierda calificó de ilegítima a la autoridad electoral, situación que se agudizó tras las elecciones de 2006, que terminaron con un grave desgaste del IFE.

Para Juárez, no es deseable que la sociedad se acostumbre a pensar que los consejeros electores sean correas de transmisión de los partidos políticos en el IFE, porque precisamente lo esencial es que se trata de un órgano ciudadanizado. No puede admitirse un Consejo General en el que los consejeros asumen posturas de peones de los intereses partidistas y son designados independientemente de los plazos fijados por la ley.

A su vez, Andrade destaca: Salvo el consejo de 1996, ninguno ha concluido su gestión; en 1994, año convulso para el país, una reforma retiró a los consejeros a la mitad de su gestión, producto de una reforma; en 2008, la crisis poselectoral produjo el cercenamiento del consejo y la salida de seis de sus integrantes.

Paradoja que se repite

Interrogado sobre el agotamiento del modelo de designación de consejeros, Andrade sostiene que hay una paradoja en el esquema. Sin duda, dice, el consenso es un elemento central para fortalecer la autoridad electoral, como lo mostró precisamente la falta de él en 2003 y sus consecuencias, pero por otro lado la propia legislación establece que su designación puede darse con las dos terceras partes de los diputados.

Aunque las negociaciones para designar a los consejeros siempre han sido complejas y se complicaron más tras las históricas sanciones que decretó el IFE de mil millones de pesos al PRI y de casi 490 millones al PAN-PVEM en 2003, nunca se había llegado al extremo de violar los plazos legales ante la falta de acuerdo.