Hasta 60 por ciento de las mujeres que egresan de un refugio para víctimas de maltrato vuelve al lado de su agresor debido a que no existe una política pública integral con programas para dotarlas de autonomía económica y seguridad social que les permita reintegrarse a la sociedad, apuntó Rosa María Salazar, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR).

Ésa fue la demanda central de la reunión que sostuvieron la semana pasada responsables de esos centros de apoyo con representantes de instituciones federales.

Con el tema De las buenas prácticas de los refugios hacia una política pública integral, la RNR congregó a legisladoras federales y representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública federal, de Salud, de Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Nacional de las Mujeres y el de Desarrollo Social, entre otras dependencias.

Salazar destacó tres compromisos que emanaron de la reunión: el de las legisladoras federales para trabajar en la asignación de recursos en el presupuesto del año que viene, el de las dependencias federales que buscarán institucionalizar los refugios, y la solicitud del Inmujeres a los juzgadores para que otorguen órdenes de protección a las mujeres que llegan a esos lugares.

Plantean institucionalizar asilos

La institucionalización de los refugios, explicó, permitiría que el presupuesto no dependa de un proyecto que al ser aprobado tiene un monto determinado para ocho meses, sino que, al estar insertados dentro de una política pública integral, contarían con un presupuesto por un año completo.

“Desde 1996 cada refugio ha creado su propio modelo de atención, algunos se han convertido en ‘buenas prácticas’ y eso ha ayudado a evitar cientos de feminicidios, pues se ha logrado proteger a las mujeres de la violencia a manos de su agresor”, señaló Salazar.

Agregó que dichos modelos se han reproducido en otros países de América Latina, pero solamente son buenas prácticas; es decir, se dan dentro de los refugios, pero quisiéramos una política pública integral.

Lo anterior significa contar con programas de atención para cuando las mujeres salen del refugio al cabo de tres meses: la posibilidad de contar con un empleo remunerado y prestaciones que les den derecho a vivienda y servicios médicos.

La RNR está integrada por 67 refugios, cuatro de los cuales fueron reconocidos en el encuentro por ser experiencias exitosas en diferentes rubros.

Coahuila fue modelo de seguridad; Tlaxcala, del modelo de atención sicológica; Aguascalientes, de casas de transición; y Nuevo León fue ejemplo de cómo un refugio puede ser autosustentable convirtiéndose en microempresa.