En febrero pasado, el ex titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos, emitió un acuerdo secretarial por el cual autorizó la asignación de cuatro millones de pesos al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida). Los recursos, adicionales al presupuesto anual del organismo, se emplearían en la contratación de 18 asesores que se encargarían de diseñar y estandarizar acciones integrales de promoción y prevención del VIH/sida en mujeres con alta vulnerabilidad.

Sin embargo, la mayor parte de esos recursos se utiliza para pagar salarios de 15 mil a 45 mil pesos mensuales a personas que realizan actividades administrativas, como captura de pólizas e integración de estados financieros.

Uno de los contratos por el que el Censida pagó 228 mil 789 pesos entre el primero de marzo y el 15 de septiembre fue para que la persona en cuestión actualizara el contenido de la carpeta del órgano interno de control y brindara apoyo para solventar observaciones de auditoría a la Dirección de Prevención y Participación Social.

También se encargó de coordinar el apoyo para la organización de actos de prevención, atención y seguimiento a las peticiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai).

El monto autorizado por el ex secretario se debe utilizar entre el 1º de marzo y el 30 de noviembre de este año y, de acuerdo con información proporcionada por el Ifai al activista Luis Adrián Quiroz, hasta septiembre estaban pendientes de ser ejercidos un millón 382 mil pesos.

Una de las personas contratadas al amparo del acuerdo secretarial tiene la responsabilidad de realizar la planeación y gestión de recursos para la compra de antirretrovirales para los afiliados al Seguro Popular, el suministro oportuno de los fármacos y dar seguimiento a la realización de las pruebas de laboratorio de los pacientes, entre otros. Por estas actividades, el Censida pagó 148 mil 291 pesos, un promedio de 18 mil pesos al mes.

El acuerdo del 21 de febrero de 2011 señala que los 4 millones de pesos autorizados son con cargo a la partida 33104, con el concepto Otras asesorías para la operación de programas, y dice que el objetivo es impulsar políticas públicas rectoras en atención integral y prevención de la transmisión sexual del VIH y otras infecciones de transmisión sexual enfocadas a mujeres en alta vulnerabilidad.

Aunque en repetidas ocasiones el Censida ha subrayado que la mortalidad por causa del sida ha bajado en el país, en la justificación del acuerdo de autorización la Ssa admite que a pesar de los esfuerzos y los avances del país en la materia la prevalencia de no atendidos, detectados, diagnosticados y no tratados oportunamente ha derivado ineludiblemente en la muerte de los pacientes.

No aporta más datos y enseguida se refiere a la situación de las mujeres frente al VIH. Es un tema también pendiente desde hace varios años, sobre el cual los especialistas ya han planteado que la causa del crecimiento de la epidemia en el sector es el bajo uso del condón entre las parejas estables.

El documento redunda en este asunto y señala que la vulnerabilidad de la mujer se explica por su limitado acceso a información clara, veraz y oportuna acerca de la sexualidad; por una insuficiente cultura en el uso del condón; por la relación habitual que existe entre el consumo de sustancias tóxicas y el intercambio de relaciones sexuales por drogas o dinero. De ahí la necesidad de impulsar políticas para abatir dicha vulnerabilidad de la población femenina, dice.