auda y contundente apareció la semana pasada Alejandra Sota, vocera de Calderón, a negar que en México operan grupos paramilitares: se trata de delincuentes que pertenecen o quieren apoderarse del control de las actividades criminales de otro grupo criminal (sic). Presto y veloz, el embajador de Calderón en Washington, Arturo Sarukhán, salió al paso de la buena disposición del precandidato republicano Rick Perry para enviar tropas estadunidenses a nuestro país. Lo más claro que dijo fue: esa opción no está sobre la mesa. Y tiene razón: por ahora, está debajo de ella.

Pero vamos cosa por cosa. La fulminante declaración de inexistencia de paramilitares en México nos coloca ante nuevos misterios. Por ejemplo, ¿quiénes han venido realizando, en años recientes, manifiestas operaciones de limpieza social como las masacres de adictos en centros de rehabilitación del norte del país o la colocación de cadáveres en uno de los principales cruceros de Veracruz-Boca del Río? Otro misterio es de orden idiomático: ¿cómo ha de llamarse entonces a los efectivos de la Marina señalados por desapariciones forzadas en Tamaulipas, a los soldados acusados por homicidio de civiles en Chihuahua, a los miles de policías estatales y municipales que periódicamente son sujetos de arrestos en masa por sus vínculos con la delincuencia organizada? ¿Qué es el grupo rudo formado por el alcalde de San Pedro Garza García, quien asegura haber logrado en su municipio, y por ese medio, niveles de seguridad superiores a los de Estados Unidos? Y ultimadamente, ¿cuál es el origen de los zetas?

En cuanto a la posibilidad de otorgar visas masivas a marines, rangers, boinas verdes y demás grupos institucionales de matones del norte del Río Bravo, es cosa de preguntarse en qué momento esa perspectiva empezará a ser propuesta de manera formal por los gobiernos de los dos países. Si México no cambia de libreto de manera radical, será inevitable. Por lo pronto, la CIA, la FBI y la DEA ya operan, de manera regular y con la aprobación del calderonato, en el territorio nacional, y grupos de veteranos de guerra gringos ayudan de diversas maneras a las fuerzas públicas mexicanas en tareas que ya nadie sabe en qué consisten. Lo que sí se sabe es que las intervenciones de Washington en países extranjeros tienen dos modelos: el de la invasión, como en Irak, y el de la escalada, como en Vietnam y Colombia, y que aquí la injerencia ha marchado en forma muy parecida.

Por cierto, la paramilitarización (también se sabe) forma parte de los manuales de la superpotencia para sumir países en el desastre con propósitos de control geoestratégico. Fue un eje fundamental del Plan Colombia, referente inevitable de la Iniciativa Mérida: se impulsó la creación de guardias blancas y escuadrones de la muerte, se declaró la guerra en contra de ellos y luego se puso fin al conflicto en forma simple y eficaz: colocando en el Palacio de Nariño al máximo operador de los paramilitares, el honorable Álvaro Uribe.

La sociedad mexicana aprendió hace muchos años (esta enseñanza es mérito de los priístas) que la mejor manera de conocer los designios gubernamentales reales consiste en reunir las negativas oficiales y ponerlas en afirmativo: no habrá incremento de impuestos, no se perderán empleos, no se reprimirá, no se atentará contra los derechos humanos. Por ahora, la opinión pública no tiene pruebas fehacientes de la organización de grupos paramilitares desde las oficinas federales, estatales y municipales, o bien desde cúpulas empresariales, pero la práctica de la ejecución sistemática está presente en muchas regiones y es huella inequívoca de esos instrumentos de gobierno a los que recurren los regímenes que han extraviado el sentido de país. En cuanto a la incursión de militares estadunidenses al sur del Río Bravo, la perspectiva no la abrió una declaración de Perry (no es el primero en aludir a la posibilidad, por cierto), sino que forma parte de un guión que conocemos de sobra, aunque muchos querrían olvidar.

Para qué esperar a que el régimen actual reconozca que los paramilitares son una realidad actuante y que la intervención extranjera está en curso. Mejor deshacerse a la brevedad de este régimen. En julio de 2012, por ejemplo.

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