Desde el lunes pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empezaba la discusión acerca del aborto, la Secretaría de Gobernación (SG) entregó a los ministros una carta en la que subraya que el ser humano tiene esta condición desde que es una mórula o cigoto y, por tanto, es sujeto de derechos.

La misiva –recibida en el máximo tribunal a las 11:56 de la mañana, apenas unos minutos después de iniciada la sesión– fue firmada por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, Felipe Zamora. Al mismo tiempo, el presidente Felipe Calderón se metía a la discusión –aun sin ser explícito sobre los casos que habría de resolver la SCJN– aludiendo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la cual prevé que la ley protegerá el derecho a la vida a partir del momento de la concepción.

Con ese y otros argumentos, la SG hizo sus propias gestiones. De ninguna manera es una presión para los ministros; ellos son personas con suficientes valores y criterio para sostener sus opiniones y el sentido de sus votos, y no se dejan intimidar por la opinión de nadie, aseveró el subsecretario en entrevista.

–¿Los funcionarios deben dejar sus convicciones personales en la puerta de su oficina? –se le preguntó al abogado, católico, ex integrante de la Comisión de Elecciones del PAN.

–No. Ese es uno de los grandes errores que han provocado distorsiones en los gobiernos. Debemos procurar ser íntegros, estemos donde estemos. No veo ninguna contraposición en defender ahora que tengo la oportunidad en un cargo público, los mismos valores que siempre he defendido desde fuera. Además, en el caso concreto que nos ocupa, que lo haya hecho en lo personal sale sobrando. No veo cuál es el debate al respecto.

–También hay opiniones acerca de que existe una contradicción entre la postura del gobierno federal y la situación del país ensangrentado en que vivimos.

–Eso es lo paradójico. Si no queremos más sangre, debemos rechazar abiertamente las conductas de los criminales que están matando mexicanos, pero también debemos generar condiciones para que los mexicanos tengan vida digna desde que son seres humanos.

Dijo que las visitas o entrega de documentos a los ministros es parte del diálogo democrático. Tenemos derecho a expresar nuestra opinión, y ellos tienen derecho a tomarnos en cuenta o no.

Argumentó que bajo la figura jurídica amicus curiae tiene derecho a dar opinión a los jueces aunque no forme parte del litigio.

Zamora acudió a los ministros no sólo como servidor público, sino también en lo personal para manifestar su preocupación por el contenido de los proyectos (de los casos Baja California y San Luis Potosí) propuestos por el ministro Franco. Un día después pagó un desplegado en un medio de circulación nacional con este mismo enfoque, el cual –asegura– no fue costeado con recursos públicos, sino con su dinero y el de otros particulares.

Difusión de métodos anticonceptivos

Dependencias federales presentaron sus informes respecto a la ejecución del Programa Nacional de Población 2008-2012, en el cual destacan múltiples acciones encaminadas a que la población tome decisiones libres e informadas sobre la salud reproductiva.

En varias decenas de cuartillas, sistematizadas por el Consejo Nacional de Población (Conapo), se hace referencia al método de planificación familiar a elegir por las personas en edad reproductiva, que les permita ejercer su derecho a determinar el número y espaciamiento de sus hijos , y a tener embarazos sin riesgos.

Para fortalecer esa estrategia fue creado un modelo de comunicación educativa que busca difundir información sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles.

En el balance gubernamental se destaca que en 2010 había una cobertura de 43.3 por ciento de usuarios de dichos métodos. Al cierre de ese año, la cifra de mujeres que egresó de alguna unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social con un tipo de método anticonceptivo, después del acto obstétrico, fue de 432 mil 101, esto es, una cobertura de 83 por ciento.

Las cifras oficiales revelan también un incremento en el porcentaje de partos en menores de 20 años entre 2009 y 2010, al pasar de 8.9 a 10.5 del total de los nacimientos atendidos, situación que obliga a fortalecer las estrategias educativas y de promoción de la salud en este grupo.

La Ley General de Población, publicada en 1974, obliga al gobierno federal a aplicar estrategias de planificación familiar por medio de los servicios educativos y de salud pública disponibles, así como a realizar acciones encaminadas a la reducción de la mortalidad.