La trasnacional Sempra Energy, investigada por el apagón que paralizó el sur de California, en Estados Unidos, y la región norte de Baja Califonia y Sonora, en México, genera una nueva controversia en la zona divisoria entre ambos países porque dicha empresa pretende instalar un enorme campo eólico para producir electricidad –misma que conduciría a territorio estadunidense– en la Sierra Juárez, territorio de los kumiai y kiliwa, indígenas mexicanos.

Sempra sólo espera la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que analiza el estudio de impacto ambiental pero ha desoído el reclamo de los propietarios nativos de la Sierra Juárez –ubicada en el área de Tecate y Ensenada–, quienes exigen asociarse al proyecto para participar de sus ganancias, y no sólo vender sus antiquísimas posesiones.

La trasnacional, que no goza de buena reputación entre un importante sector social en la zona fronteriza de Tijuana, Tecate y Mexicali, por su documentada historia de opacidad empresarial en la planta regasificadora de gas licuado natural de Ensenada, y la termoeléctrica de Mexicali, ha prometido al gobierno de México que invertirá 5 mil 500 millones de dólares en el campo eolíco de la Sierra Juárez.

Sobre el particular, el senador estadunidense por California, Juan Vargas, presentó una resolución aprobada en el seno de las cámaras Alta y de Representantes, con objeto de frenar la línea de alta tensión transfronteriza que Sempra tendería entre México y Estados Unidos.

Vargas presentó la resolución como una medida de protección de los puestos de trabajo para los californianos, que perderían 15 mil empleos si las turbinas se construyen en México, en lugar de California.

La resolución pide al secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos rechazar la solicitud de Sempra Energy para obtener un permiso del presidente Barack Obama para iniciar la construcción del proyecto Energía Sierra Juárez.

La línea de conducción se extendería en poco más de dos millas entre México y Estados Unidos, y sería construida, operada y mantenida por una subsidiaria de Sempra Energy México, que aguarda los permisos del gobierno mexicano.

La línea de transmisión en suelo estadunidense se levantaría sobre tierras privadas, y en la zona de Jacuma, Sempra, por medio de su subsidiaria San Diego Gas y Energia (SDG&E, por sus siglas en inglés), levantaría una subestación de tamaño considerable para redireccionar la electricaidad hacia San Diego mediante su red Powerlink suroeste.

Según el senador Vargas, tal proyecto socavaría la inversión que ya se ha hecho en el SWPL (Powerlink suroeste) y privaría a los clientes de los beneficios económicos de la construcción de la planta generadora de energía renovable en el sur de California. Se ha estimado que se perderían 15 mil puestos de trabajo Estados Unidos y 300 millones de dólares de ingresos locales, estatales y federales.

La construcción de turbinas en California también podría enfrentar la oposición de los residentes del área por los presumibles impactos a la salud y el ruido que provocan los parques eólicos.

Así, Sempra Energy espera levantar un enorme proyecto eólico en cuatro diferentes áreas: Jacume, La Rumorosa, Cordillera Molina y Sierra de Juárez, entre los municipios de Mexicali, Tecate y Ensenada.

La primera de ellas se instalaría en el ejido Jacume, ubicado al norte del poblado de La Rumorosa, donde se instalarían 52 aerogeneradores, con una inversión de 300 millones de dólares.

De acuerdo con la trasnacional, el resto de las áreas del proyecto se construirían en tanto existan contratos de suministro de energía eléctrica limpia y renovable con el mercado de Estados Unidos o en México.

Para evitar la controversia con las poblaciones indígenas, Sempra afirma que no se instalarán aerogeneradores en zonas de valor arqueológico, entre ellas Vallecitos o áreas naturales protegida, como el Parque Nacional Constitución 1857.

En Sierra Juárez necesitará 294 mil 273 hectáreas. Refiere que una zona tan grande de terreno es necesaria porque los vientos son irregulares y se presentan con distinta intensidad en la región fronteriza.

Los aerogeneradores se instalarán de forma discontinua a través del paisaje, formando parches de aerogeneradores en las zonas en que el poder del viento es suficiente para conseguir su aprovechamiento de manera técnica y económicamente viable.

Recientemente, el director ejecutivo de la asociación ecologista Terra Peninsular, Juan Manuel García Caudillo, declaró a Fausto Ovalle que la trasnacional está pidiendo a las autoridades mexicanas un cheque en blanco.

En el manifiesto de impacto ambiental presentado ante la Semarnat, la trasnacional sólo se refiere a la primera etapa del proyecto, que es en el ejido Jacume, la cual representa 5 por ciento de la planta. La autoridad federal no puede aprobar el proyecto porque el documento no establece dónde se instalarán los aerogeneradores de las otras etapas del proyecto.