La Procuraduría General de la República (PGR) inició –a solicitud de la Secretaría de Gobernación (SG)– un procedimiento en contra de dos importantes funcionarios de esta dependencia, duraante la gestión de Francisco Ramírez Acuña, actual coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), y en el último periodo de Santiago Creel, aspirante de ese partido a la Presidencia de la República.

En el caso del Casino Royale, la denuncia de hechos es contra quien resulte responsable por el delito de juego ilegal en la operación de diversas empresas en Avenida San Jerónimo 205, Monterrey. En tanto la SG inició diligencias administrativas para verificar a Atracciones y Emociones Vallarta, permiso 4172 de 1992.

Sólo después del incendio en el casino Royale, el 25 de agosto pasado, con saldo de 52 muertos, la SG inició una investigación acerca de la identidad del permisionario y operadores del establecimiento siniestrado. Ayer reveló que si bien la autorización base está registrada en favor de Atracciones y Emociones Vallarta, el casino había sido operado al menos por tres empresas más: Entertainment Enterprises of México, de Raúl Rocha Cantú; Juegos de Entretenimiento y Video Cadereyta y Ferrocarril Endige.

Los ex funcionarios acusados el miércoles ante la PGR por los delitos de omisión y uso indebido de atribuciones y facultades, durante el periodo 2005-2009, son Roberto Correa Méndez, ex titular de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, y Manuel Fierro Evans, quienes anteriormente ya habían sido señalados de cometer ilícitos. En el caso de Fierro Evans, desde 2007, el entonces presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados lo mencionó como responsable de reconocer autorizaciones irregulares.

Tres años después y a casi un mes del incendio en el casino Royale, el subsecretario de Gobierno de la SG, Juan Marcos Gutiérrez, dijo que el despacho a su cargo no cuenta con información acerca de la integración, cambios o propiedad accionaria de cada permisionario u operador; sólo detalló el origen del ilícito denunciado antier.

Aunque la denuncia de hechos contra quien resulte responsable por la probable comisión del delito de juego ilegal fue presentada hace dos días, ya excluyó de responsabilidad al entonces titular de la SG, Ramírez Acuña, y al responsable de la subsecretaría de Gobierno, Abraham González. No veo en esto (ilícitos) a ningún secretario ni subsecretario, expresó.

El juego irregular se originó porque los ex funcionarios firmaron una ‘excepción regulatoria’, figura no incluida en la ley, a fin de que los empresarios en mención dejaran de ser sujetos de regulación, es decir, dieron como bueno que no hacían juego con apuestas sino sólo de destreza. El beneficio fue autorizado por Fierro Evans en marzo de 2005.

Esa empresa transfirió sus derechos a Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta, una de las cuatro personas morales involucradas en las irregularidades del Casino Royale, cuya dirección San Jerónimo 205 no estaba en la lista del permisionario original. La operación fue conocida por Correa Méndez.

Luego, en diciembre de 2010 dio aviso de apertura e informa a Gobernación que se había asociado con otras dos empresas. Cuando la dependencia intentó suspender la operación de las mismas, éstas se ampararon, en juicios que finalmente fueron perdidos por Gobernación.

Lo que es más grave es que las autoridades de ese entonces dejaron de actuar. Consideraron que ese documento era una norma; es decir, a nuestro juicio, le dieron una validez excesiva e indebida, señaló Gutiérrez.

Este mismo mecanismo fue empleado para beneficiar a otras empresas que no están registradas en el libro de gobierno.

El subsecretario informó en conferencia de prensa que en el pasado mes y medio han autorizado la apertura de 12 casinos, con lo que la cifra actual es de 318 negocios de este tipo. Reconoció; sin embargo, que hay una problema en la integración y orden de los expedientes resguardados y anunció que todos los permisionarios deberán comparecer ante Gobernación. Pidió a la población denunciar el juego ilegal y se comprometió a aplicar las clausuras en 24 horas.