El otorgamiento de una concesión por 25 años a la empresa española Abengoa para que construya el acueducto que irá de los Altos de Jalisco a León, Guanajuato –pese a la existencia de un amparo que obliga a detener las obras–, es una muestra de que las autoridades ignoran el derecho de consulta de las comunidades afectadas, y una puerta a la privatización del agua en el país, lamentaron organizaciones ambientalistas.

María González, directora ejecutiva del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, señaló que con este permiso, otorgado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se confirma el lugar de privilegio que han ocupado en este gobierno las empresas de capital español, que ahora tratarán de incursionar en la gestión y comercialización del líquido.

El proyecto de El Zapotillo avanza, y esto implicaría la privatización del agua en México. La concesión a Abengoa es con el esquema de construcción, operación y transferencia, lo que le da derecho a construir y administrar el acueducto, aunque no se garanticen los costos que la gente de León tendrá que pagar por el servicio, alertó.

Las comunidades que resultarían afectadas por dicha obra (Temacapulín, Acasico y Palmarejo) han argumentado que hay varias alternativas para abastecer a la región, que van desde reparar las tuberías por donde se escapa más de 50 por ciento del agua hasta construir pozos de absorción o explotar otros embalses en la zona, explicó la especialista.

Representantes de los poblados afectados por el proyecto viajaron a Pacuaré, Costa Rica, donde se realizará del 22 al 25 de septiembre el sexto foro mesoamericano de la Red Latinoamericana contra las Represas. Ahí darán a conocer una serie de acciones para intentar detener las obras, entre ellas invitar a diputados del Parlamento Europeo a visitar la zona, y presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Claudia Gómez, abogada del colectivo ecologista COA, señaló que en el caso de El Zapotillo, la estrategia de las autoridades sigue siendo la mentira y la imposición, ya que presentaron el proyecto dividido en varias partes (la presa, el acueducto, la distribución en León y en los Altos de Jalisco), lo cual dificulta el análisis de las manifestaciones de impacto ambiental.