Con votación dividida, el pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) desechó un juicio en el que se reclamaba el retiro de la publicidad de la diputada local del PRD Alejandra Barrales Magdaleno, como medida cautelar en tanto se resuelve de fondo una queja contra la legisladora por actos anticipados de precampaña y campaña.

En sesión pública los magistrados confirmaron, por tres votos contra uno, la negativa del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) a ordenar la suspensión de la propaganda difundida por Barrales.

La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF, que revisa dicha queja, promovida por el particular Miguel Ángel Nuñez Gutiérrez, negó la medida cautelar que este solicitó al determinar que no cuenta con interés jurídico o legítimo por no ser militante del PRD, ni puede votar ni ser votado internamente, además de que en este momento el partido político no está realizando ningún proceso de elección interna de candidatos.

En su proyecto de sentencia, el magistrado ponente Darío Velásco Gutiérrez señaló que la medida cautelar fue debidamente declarada improcedente por la autoridad electoral y agregó que dicho precepto tiene por finalidad cesar actos o hechos que constituyen una infracción y evitar que se produzcan daños irreparables.

En este caso, apuntó, no se advierte un posible daño irreparable derivado de la espera del dictado de la resolución de fondo, ya que en este momento no existe algún proceso de selección de candidatos que pudiera ver vulnerado con los hechos que se someten a la consideración de la autoridad electoral administrativa, por lo que no se puede hablar de que se actualice la citada inminencia de daño.

Acompañaron el proyecto los magistrados Adolfo Riva Palacio y Alejandro Delint, en tanto Armando Maitret votó en contra, por considerar que incluso sin la petición de la medida cautelar, con tener presentada la queja el IEDF debió investigar y ordenar la suspensión de la propaganda de Barrales.

Velasco emitió, sin embargo, un exhorto al Instituto Electoral local para que, ante la cercanía del proceso electoral, tome providencias para evitar dilatar medidas tendientes a evitar perjuicio de los diversos actores electorales, pues si bien la respuesta a la petición de medidas cautelares se emitió dentro de los tiempos previstos en la ley procesal, el organismo agotó el plazo al ordenar algunas diligencias de inspección.