Aunque confían en la búsqueda que realizan las autoridades, familiares de Adriana Morlett Espinosa –desaparecida el 6 de septiembre de 2010– contrataron los servicios de un equipo extranjero de peritos, con el objetivo de avanzar con más rapidez en las investigaciones.

Así lo anunciaron los padres de la joven, estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes reiteraron su negativa a reconocer los restos óseos encontrados en la carretera Picacho-Ajusco, por considerar que los estudios no son concluyentes y tienen un margen de error considerable.

Después de una misa realizada ayer con motivo del primer aniversario de la desaparición de su hija, Javier Morlett afirmó que el trabajo de búsqueda a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) ha sido aceptable, pero de todas formas contratarán un equipo extranjero de peritajes.

No puedo criticar lo que están haciendo, porque veo que dedican tiempo y esfuerzo. Hemos pedido pruebas de verificación a la Procuraduría General de la República, pero decidimos tener la certeza absoluta (sobre el cráneo encontrado en el Ajusco) y por eso vamos a pedir un agente externo de peritaje. Tenemos esperanza de que la vamos a encontrar y por eso seguimos aquí buscando, sostuvo.

Gretel Baeza, integrante de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, señaló por su parte que mientras no haya pruebas contundentes para afirmar que los restos encontrados son de Adriana Morlett, sus familiares y amigos seguirán exigiendo que no concluya la búsqueda ni se deseche ninguna línea de investigación.

El estudio de ADN del cráneo que encontraron no es definitivo, y por eso esperamos nuestras propias pruebas periciales con organizaciones internacionales, indicó la activista, quien subrayó la necesidad de que se apruebe cuanto antes una ley contra la trata de personas, actividad que es tan rentable como el tráfico de drogas.

A pesar de que hay un gran subregistro sobre el tema, cálculos recientes indican que en México ha habido alrededor de 50 mil casos de mujeres y niñas secuestradas con fines de explotación sexual en los pasados tres años.

Se ha incrementado porque es una forma de los criminales de diversificar sus actividades, ante la persecución del narcotráfico. A eso nos ha llevado una política de seguridad mal hecha, lamentó Baeza.