En lo que va del sexenio de Felipe Calderón más de 5 mil personas han sido detenidas y desaparecidas de manera forzosa, encubriendo sus casos con la lucha contra el narcotráfico, cuando en realidad es una estrategia para criminalizar y borrar a luchadores sociales y activistas, aseguró en Jalapa, Veracruz, el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (Fdomez).

En conferencia de prensa con motivo del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, Ramiro Díaz Baltazar y Braulio Morales Pascual, representantes de frente en Veracruz, consideraron que la estrategia de la década de 1970 para militarizar diversas zonas del país aún se utiliza, pero ahora el pretexto ya no es buscar gavilleros o insurgentes, sino miembros de la delincuencia organizada, a lo que se agrega la creación de grupos paramilitares que se dirigen contra narcotraficantes, pero también contra dirigentes de movimientos populares.

Advirtieron que la militarización del territorio nacional quedará legalizada con la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, que tiene por objetivo conculcar derechos civiles y establecer un estado policiaco-militar.

Mecanismo de represión

Los activistas sostuvieron que la desaparición forzada sigue como un mecanismo de represión contra el pueblo de parte del gobierno, pretendiendo con ello la eliminación física de quienes considera peligrosos o sospechosos, dando una salida policiaco-militar a la movilización ciudadana.

El Día Internacional del Detenido-Desaparecido también se conmemoró en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, donde el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo exigió la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario privados de su libertad en Oaxaca el 25 de mayo de 2007.

Además, familiares de desaparecidos y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de Nuevo León protestaron frente al palacio de gobierno de Monterrey, donde exigieron justicia para al menos 900 personas desaparecidas en la entidad, casos que han sido documentados por organizaciones civiles.

En tanto, en Culiacán, Sinaloa, alrededor de 30 personas realizaron un plantón afuera de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en protesta por la desaparición de familiares y la impunidad ante los hechos delictivos.

En Chilpancingo, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero aseguró que de abril de 2005 a la fecha, a casi seis meses de que empezó la administración de Ángel Aguirre Rivero, se sabe de mil 659 víctimas presuntamente vinculadas a la delincuencia organizada, de las cuales 259 se encuentran en calidad de desaparecidas.

Mientras, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos dio a conocer ayer en Cuernavaca que Martha Sharmin Cruz Bahena, de 17 años de edad, estudiante de la preparatoria del municipio de Tlaltizapán, desapareció el pasado 23 de agosto, y al momento sus familiares no saben nada de ella.

En tanto, participantes en el foro Desafíos ante la desaparición forzada señalaron que para resolver el fenómeno se requiere una ley general que tipifique en todo el país ese delito de lesa humanidad, reconozca la coadyuvancia de los familiares de las víctimas y diseñe programas de reparación integral.

En el contexto del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, activistas especializados en el tema hicieron un balance del primer aniversario de la Campaña nacional contra la desaparición forzada, que ha documentado 28 casos ocurridos contra defensores de derechos humanos y dos contra miembros de grupos insurgentes, de 2005 a la fecha.

Además de exigir la promulgación de una ley general contra la desaparición forzada de personas, las más de 70 organizaciones que forman parte de la campaña reiteraron su exigencia de que el Estado mexicano presente con vida a todos los desaparecidos, modifique la Ley de Amparo para garantizar a cualquier persona la disponibilidad de este recurso, y estableaca protocolos de investigación eficientes para resolver todos los casos de ese delito.

Asimismo, subrayaron la necesidad de que las autoridades instauren cuanto antes un registro público nacional de personas en dicha condición, sancionen a los militares involucrados en las violaciones a las garantías individuales y cumplan de manera puntual todas las sentencias internacionales que hayan recibido por este tema.

Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó la atención sobre el hecho de que en el país las desapariciones forzadas no se cometan únicamente por móviles políticos, y lamentó que sean las familias de las víctimas las que dediquen su vida a buscar justicia, en vez de que las instancias jurídicas se encarguen.

Santiago Corcuera, experto de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, subrayó que una ley general contra la desaparición permitiría tipificar este crimen en los códigos penales de todo el país –de acuerdo con los estándares internacionales–, daría facultades exclusivas a las autoridades civiles para analizarlo y establecería mecanismos eficientes de búsqueda de los desaparecidos.

Por su parte, Norma Ledezma, fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, enfatizó la importancia de que se reconozcan los aportes de la coadyuvancia de los familiares en las investigaciones; puso de ejemplo que mediante este recurso se ha logrado encontrar con vida a siete personas en los años recientes.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, alertó que actualmente hay más casos de desapariciones forzadas que en los años 60, 70 y 80, pero ahora encubiertas de forma dolosa por la guerra contra el crimen organizado.

Andrés T. Morales, Elio Henríquez, David Carrizales, Sergio Ocampo, Javier Valdez, Rubicela Morelos y Carlos Camacho, corresponsales, y Fernando Camacho Servín, reportero