En vez de hacer una consulta amplia para elaborar el reglamento de la nueva Ley de Migración –que debe estar listo el próximo 21 de noviembre como fecha límite–, el gobierno ha optado por ignorar a las organizaciones civiles y a académicos, y mantiene una actitud de opacidad y falta de transparencia, denunciaron activistas de derechos humanos.

Lamentaron que las autoridades sólo simulan escuchar las críticas, en vez de generar un verdadero espacio de debate para dar forma al reglamento, como se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En conferencia de prensa, Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras, señaló que en respuesta a las peticiones de diálogo de los colectivos de derechos humanos, la Secretaría de Gobernación les envió a principios de este mes un correo electrónico sin firma en el que se les invita a enviar sus sugerencias al respecto, sin hablar de mesas de trabajo.

La convocatoria, que cierra hoy, está muy lejos de representar un foro donde se puedan intercambiar puntos de vista, por lo que los colectivos de derechos humanos pidieron al gobierno que realice un debate real de las propuestas sobre el tema.

Fabienne Venet, directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, señaló que en la nueva ley se reprodujeron faltas graves que criminalizan a los indocumentados, por lo que apremió a desarrollar una normatividad más estricta para el Instituto Nacional de Migración, con énfasis en los derechos humanos.