La Paz, 30 de agosto. Siete funcionarios del gobierno del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada fueron condenados hoy en un juicio por genocidio, sentencia que abre la puerta a otro intento de extradición desde Estados Unidos del antiguo mandatario derechista.

Cinco ex jefes militares y dos ex ministros fueron encontrados culpables por su participación en una operación militar para reprimir a manifestante que en la vecina El Alto rechazaron la exportación de gas natural desde Chile, lo que se saldó con unos 67 muertos en 2003 y obligó a la renuncia y huida de Sánchez de Lozada.

La sentencia inapelable fue dictada por la Corte Suprema luego de más de dos años de un enredado proceso que ha tenido entre sus dificultades la ausencia de la mayoría de los acusados –el ex gobernante neoliberal y nueve de sus ministros–, quienes están refugiados en el extranjero.

La condena abre las puertas para una extradición del ex presidente Sánchez de Lozada, dijo el fiscal Milton Mendoza, cabeza de la acusación, al referirse a la situación del ex mandatario, que ha resultado favorecido hasta ahora por una norma que prohibía el enjuiciamiento en ausencia.

Él era uno de los sindicados, pero al existir una sentencia emitida por el máximo tribunal de justicia de Bolivia forma parte de los acusados en este caso, añadió, según fue citado por la agencia estatal de noticias Abi.

El juicio fue planteado contra los miembros del gobierno de Sánchez de Lozada que ordenaron y ejecutaron la operación militar contra manifestantes en El Alto, durante la llamada guerra del gas, en octubre de 2003.

La sentencia anunciada en la ciudad de Sucre, sede del máximo tribunal, ordenó tres años de reclusión para los únicos ministros que permanecieron en Bolivia y se sometieron al juicio: Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara.

Fueron condenados también los generales Roberto Claros y Juan Véliz, a 15 años; Osvaldo Quiroga y Luis Aranda, a 11, y Gonzalo Rocabado a 10 años. Se ha hecho justicia, pero falta el principal asesino, gritó una de las familiares de las víctimas de la matanza tras la lectura de la sentencia.

Para Freddy Avalos, abogado de las víctimas, es un hecho histórico esta sentencia y se ha sentado precedente para que nunca más haya militares que actúen al margen de la ley; esperemos que se siga trabajando para que todos los acusados tengan su sentencia.

Sánchez de Lozada ha repetido en Estados Unidos que no retornará a Bolivia mientras no vea condiciones para un juicio imparcial.

El ex presidente durante dos periodos impulsó una profunda privatización de la economía boliviana que Evo Morales trata ahora de revertir mediante una política de nacionalizaciones.

Morales ha acusado a Estados Unidos de proteger a Sánchez de Lozada, bloqueando la extradición amparado en su condición de refugiado. También ha chocado con el gobierno peruano luego que Lima dio también refugio a varios ex ministros acusados.

Por último, la policía neutralizó una protesta de jóvenes indígenas ante el ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva en su visita a la ciudad de Santa Cruz, destacan hoy los diarios de Bolivia.