Nueva York, 30 de agosto. Kenneth Melson, jefe interino de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), fue destituido y reasignado en medio de la investigación sobre el escándalo de la operación Rápido y furioso que permitió el traslado de miles de armas desde Arizona a México bajo vigilancia del gobierno estadunidense y subsecuentemente detectadas en varios crímenes violentos.

Pero Melson no es el único sacrificado. Hoy también renunció el jefe de la oficina de la fiscalía federal en Arizona, Dennis Burke, quien participó en la supervisión de los aspectos legales en la controvertida operación.

Otros altos funcionarios y agentes involucrados en Rápido y furioso han sido reasignados antes y con los anuncios hoy, suman por lo menos ocho los afectados por las secuelas políticas de la fallida operación.

Melson no fue despedido, sino reasignado a un puesto en el mismo Departamento de Justicia, el cual lleva a cabo una de las investigaciones sobre este caso.

El fiscal de Estados Unidos en Minnesota, B. Todd Jones, sustituirá a Melson como director interino de la ATF. El procurador general Eric Holder describió a Jones como un destacado fiscal y ex juez militar, y lo alabó: tengo gran confianza en que ejercerá una influencia fuerte y firme para guiar a la ATF en su misión de combatir el crimen violento al aplicar las leyes y regulaciones federales criminales en las industrias de armas de fuego y explosivos.

El Departamento de Justicia, en su anuncio oficial sobre las destituciones, no hizo mención de Rápido y furioso ni vinculó las decisiones a esa operación.

De hecho, simplemente informó que Melson ocupará un nuevo puesto; será asesor principal sobre ciencia forense en la Oficina de Políticas Legales del Departamento de Justicia. Al iniciar su nueva responsabilidad, quiero agradecer a Ken por su dedicación al departamento a lo largo de las últimas tres décadas, declaró el procurador Holder.

Burke, fiscal federal para Arizona desde 2009, renunció esta mañana. Holder le agradeció sus servicios e hizo una velada referencia al caso al declarar que es loable su decisión de poner los intereses de la oficina del fiscal de Estados Unidos sobre todo lo demás.

A la vez, hoy se reveló que Emory Hurley, fiscal federal asistente en Arizona, quien llevaba los casos penales que resultaron de la operación, fue removido hace unos días a otro puesto donde sólo se dedicará a asuntos judiciales civiles y no criminales, informó el Washington Post.

Las investigaciones de Rápido y furioso en el Congreso, encabezadas por el poderoso representante republicano Darrell Issa y el senador Chuck Grassley durante los últimos meses, han puesto al gobierno de Barack Obama a la defensiva y los anuncios de hoy aparentemente no lograron satisfacer a estos legisladores.

Sobre los cambios en la ATF, Issa comentó que aún hay muchas más preguntas que necesitan respuesta sobre qué ocurrió en la operación y quién más tiene responsabilidad. Agregó que él y Grassley continuarán presionando al Departamento de Justicia para asegurar que la culpa no caiga sólo sobre algunos individuos en un asunto que involucró a niveles mucho más altos del Departamento de Justicia.

Indicó que aunque los cambios anunciados hoy son bien recibidos, es sólo “una oportunidad para que el Departamento de Justicia explique el papel de otros funcionarios y oficinas en el infame esfuerzo de permitir que las armas fluyeran a los cárteles de droga mexicanos”.

La operación que tenía como objetivo rastrear a compradores de armas en la zona fronteriza para llegar a identificar a los grandes traficantes de arsenales del crimen organizado mexicano, fracasó cuando casi 2 mil armas se perdieron de vista, y por lo menos dos tercios fueron distribuidas en México.

Algunas aparecieron en escenas de crímenes violentos en México, pero el escándalo sobre esta iniciativa comenzó cuando se confirmó que dos armas vinculadas con la operación de la ATF se encontraron en la escena de un tiroteo cerca de Río Rico, en Arizona, en diciembre de 2010, donde fue asesinado el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, lo cual marcó el fin de Rápido y furioso.

Después de varias audiencias en el Congreso y entrevistas a algunos de los oficiales encargados de la operación por investigadores legislativos, las indagaciones continúan con reiteradas demandas de Issa y Grassley de mayor información sobre quién sabía del operativo y hasta qué niveles se involucró la burocracia federal.

Por su lado, el Departamento de Justicia continúa su investigación interna.

Otros que participaron en la operación ya han sido removidos. William McMahon, jefe de la región oeste de la ATF, fue uno de los que testificaron ante el Congreso que los objetivos de la operación eran válidos pero que se cometieron errores. McMahon fue removido de la sección operativa a un puesto administrativo dentro de la ATF. Por otro lado, William Newell, ex agente especial en jefe en la ATF, quien estaba por ser enviado a México como enlace federal, fue reasignado a un puesto en Washington. David Voth, agente especial de la ATF ligado a la operación, también fue trasladado a funciones administrativas, informaron el Arizona Republic y el Washington Post. Otros dos agentes especiales en jefe asistentes en Rápido y furioso, George Gillett y Jim Needles, también fueron cambiados a otros puestos, informó CBS News.