ientras nos movemos en el terreno de lo inimaginable e intentamos vislumbrar cuándo tocará fondo esta guerra que nos afecta a todas y a todos, continúa la necesaria acción cotidiana de los organismos de derechos humanos. Tal es el caso del Centro Fray Bartolomé de las Casas que hoy presenta su informe 2010 denominado Late la tierra en las veredas de la resistencia: una mirada a las experiencias de lucha de los pueblos de Chiapas en la defensa de sus derechos.

En cierta forma, el documento da cuenta de procesos que traen un aliento anterior y a la vez ofrece un recuento de dinámicas muy actuales, como es la situación de defensoras y defensores de derechos humanos.

En varios capítulos se abordan problemas centrales como el relativo a Mujeres en defensa de la Madre Tierra, la acción y resistencia frente a la amenaza que entrañan los conflictos territoriales, el alto riesgo que implica la tarea de defensa de los derechos humanos dada la impunidad que prevalece, y a la vez se reivindica la memoria como un asidero en la búsqueda de justicia.

El informe no se involucra en la postura políticamente correcta de exaltar acríticamente la dimensión colectiva de los derechos de los pueblos; se detiene con rigor en la necesidad de que las comunidades resistan los embates externos y, a la vez, no después, transformen paulatinamente las relaciones patriarcales que no tienen fronteras culturales, lo que nos recuerda aquello que las indígenas han destacado en las décadas recientes: la costumbre es buena cuando respeta a la mujer.

Así, se pone el acento en un problema crucial: el acceso a la tierra para las mujeres no sólo depende de los mecanismos previstos por la legislación agraria, sino de las estructuras determinadas por la cultura, los usos y costumbres, la organización social de los pueblos y las formas de herencia que inhiben el acceso a la tierra para las mujeres en las zonas rurales.

El Frayba da cuenta del negativo impacto de los llamados proyectos de desarrollo de carácter verde impulsados por el Estado que se expresan con planes de ecoturismo, ecoarqueoturismo, turismo alternativo y ciudades rurales, entre otros, los cuales ocasionan que los pueblos se vean sometidos en muchos casos a la expulsión de sus lugares de origen.

Un enfoque importante del informe consiste en mostrar las experiencias organizativas en diversas regiones de la entidad chiapaneca; por ello expone la de los pobladores del ejido San Sebastián Bachajón, adherentes de la otra campaña, en las cañadas de Ocosingo; la construcción de alternativas como la formación de la Sociedad Cooperativa de Transportes Maya Stonil Naj; la pertinaz lucha jurídica y política del pueblo ch’ol por conducto de las autoridades del ejido de Tila, y la respuesta en los municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo de la zona Selva Fronteriza a través del Comité Regional para la Promoción y Defensa de la Vida, pues en la región se han otorgado 14 concesiones a empresas, en su mayoría canadienses, para la exploración y explotación de minerales.

También, la movilización en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, donde habitantes de ocho comunidades de la región conocida como Amador Hernández se movilizaron el 24 de junio de 2010 para impedir que el gobierno federal desalojara siete asentamientos.

El rigor estadístico que nos ofrece acerca de los casos de acompañamiento y defensa se ve enriquecido con una mirada analítica que no confunde el destino de cada caso con el horizonte de la necesaria refundación del Estado en lógica de derechos humanos. Por otra parte, la posición de contrastar la lucha de los pueblos en el contexto de la libre determinación y autonomía marca un contraste frente a los empeños gatopardistas del neoindigenismo federal y estatal. En suma, nos encontramos con elementos claves que permiten contrastar la estrategia discursiva y de acciones del gobierno del estado que alienta el divisionismo y en no pocas ocasiones está detrás de los enfrentamientos, reiterando la estrategia del conflicto intracomunitario. ¿Quién se acuerda de Acteal en 1997?

Por ello se señala que las reformas legislativas y las nuevas políticas públicas son limitadas y parciales, un paliativo para los pueblos indígenas y una respuesta sólo aparente a las demandas sociales para quedar bien ante la opinión pública, especialmente en el escenario internacional, siendo del todo insuficientes para el pleno ejercicio de la autonomía de los pueblos a través de la libre determinación.

En síntesis, el informe del Frayba ofrece un retrato de los procesos que mantienen los pueblos indígenas en la entidad. Desde Chiapas vemos la caracterización de la corrupción en el sistema político y sus instituciones actuales, señalando la necesidad de dar un giro a la vigente razón de Estado que se definió en el golpe de 2001 al compromiso firmado con el EZLN en los acuerdos de San Andrés.