El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) renovar el congreso nacional y los consejos nacional, estatales y municipales antes del 15 de noviembre. Los magistrados consideraron que el sol azteca afectó los derechos de sus militantes, por lo que anuló todas las decisiones adoptadas para posponer el relevo hasta 2012 y la denominada ruta crítica.

Con cinco votos contra uno, los magistrados ratificaron la propuesta del magistrado presidente, Alejandro Luna Ramos, quien consideró fundada la alegación en la que los actores aducen que la determinación del 15 de enero de 2011, asumida por el séptimo consejo nacional del PRD, de acordar que la renovación del congreso y consejo nacional fuera hasta el próximo diciembre, resulta ilegal, pues no existió causa justificada para que se postergara la emisión de la convocatoria.

Se invalidan las diversas disposiciones adoptadas por instancias partidistas para justificar que se prolongue la gestión de esos órganos perredistas, incluida la tomada el fin de semana pasado, cuando se determinó postergar la renovación de dichos órganos hasta finales de 2012, debido a que se avecina un proceso electoral.

Con el dictamen del TEPJF se anularon las determinaciones que haya adoptado el PRD para justificar la medida de postergar la renovación de sus órganos. El sol azteca argumentó que pretendía reordenar sus estructuras a partir de la conformación de comités seccionales, como base de toda la cadena (municipal, estatal y nacional) que estaría relacionada, en primera instancia, a corregir el tema del padrón de militantes.

En este sentido, el fallo del TEPJF subraya la importancia del plazo fijado, en virtud de que el proceso electoral federal está próximo a iniciar, que dentro de las primeras fases del proceso electoral se encuentra el registro de posibles convenios de coalición y que los mismos requieren de la debida integración de los órganos de elección.

Las instancias que deberán renovarse no sólo incidirán en la definición de las alianzas, sino también directamente en la selección de candidaturas y otras decisiones fundamentales rumbo a los comicios del próximo año.

En su oportunidad, el magistrado Manuel González Oropeza, al avalar el sentido del proyecto, sostuvo que el propio PRD aprobó los estatutos y sus reformas, que apuntalan la necesidad de renovar las instancias partidistas, sobre lo cual está fundamentado el dictamen de ordenar el relevo antes del 15 de noviembre.

Creo que no podemos considerar el congreso y consejo nacionales del fin de semana pasado como un cambio de situación jurídica, y añadió que la base del sistema republicano es que haya plazos determinados en la duración del cargo de sus autoridades. Si el partido –continuó– es el promotor de la democracia en nuestro país, como todos los partidos, esta prórroga indefinida en la renovación de las autoridades atenta contra el espíritu republicano.

En el mismo sentido se pronunció Flavio Galván, quien consideró que el PRD no ha cumplido con la periodicidad de renovación de sus órganos y, en consecuencia, se violan los derechos político electorales de sus militantes.

Sólo María del Carmen Alanís se pronunció en contra del proyecto, por considerar que debería sobreseerse a la luz de que ha habido nuevas determinaciones internas del PRD que han cambiado la situación jurídica de la decisión impugnada.