El auge de la apertura de centros de apuestas llegó cuando miembros del PAN asumieron el gobierno federal. Al término de la administración del presidente Ernesto Zedillo había alrededor de 120 centros de apuestas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación en respuesta a una solicitud de información pública hecha en 2005.

A partir de ese año –cuando la dependencia estaba encabezada por Santiago Creel Miranda–, esos negocios se multiplicaron a más de mil sucursales en todo el país.

Durante la gestión de Vicente Fox, las autoridades federales –como única instancia con facultades para entregar estas concesiones– otorgaron 450 permisos a grupos empresariales, lo que incrementó a más de mil el número de casas de juego, pues cada aprobación concedía la apertura desde uno hasta más de 50 sucursales. Sin contar la existencia de supuestos centros de apuestas que operan de manera ilegal.

Sobre el tema, la oficina de Creel Miranda informó que durante su gestión como secretario de Gobernación lo que se hizo fue sacar adelante un reglamento que permite transparentar la emisión de los permisos y dejar en manos de los ayuntamientos la decisión de instalar o no los centros de apuestas.

Con la nueva norma –señala–, la Secretaria de Gobernación define qué grupo cumple con los requisitos fiscales y empresariales, pero son los municipios los que otorgan el permiso. Muchos cabildos han rechazado la apertura de ese tipo de establecimiento, resaltó el equipo de Creel.

Sobre el casino Royale, informó que Gobernación autorizó su operación en 1992, pero al entrar en vigor el nuevo reglamento se le revocó la autorización, pero con un amparo pudo continuar sus actividades.

En 1993, la entonces directora general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Claudia Paz González, autorizó a Operadora Cantabria la apertura y manejo de siete libros foráneos, como se denomina a las sucursales de cada concesionario. En este caso la autorización se concedió para los siguientes estados de manera indistinta: Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, estado de México, Nayarit, Veracruz y Yucatán.

Esas concesiones obligaban a la Operadora Cantabria, que en los casos de los libros foráneos debía notificar a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Dirección General de Gobierno, su ubicación y domicilio exactos, así como los cambios que pretendiera hacer, debiendo anexar el permiso de funcionamiento del gobierno del estado y del ayuntamiento de que se tratara.

Durante el gobierno federal priísta, los concesionarios tenían que resguardar 22 por ciento de los ingresos por apuestas para cubrir el pago de impuestos ante Hacienda y saldar sus gastos de operación. Asimismo, otro 2 por ciento de esas apuestas era el porcentaje que el gobierno pedía en promedio para la Secretaría de Gobernación, por concepto de participación.

A partir de 2004, ya con los gobiernos federales panistas, se concedieron 450 permisos para la instalación de salas de juego, entre ellas la otorgada a la empresa Promociones e Inversiones de Guerrero. A diferencia de los priístas, que en los permisos no especificaban ubicaciones exactas de los centros de apuesta, en el permiso DGAJS/SCEVF/P-03/2005 se alude a una de las ubicaciones. La vigencia de este permiso empezó el 17 de mayo de 2005 y termina el 16 de mayo de 2030, y se otorgó para la instalación de un total de 53 centros de apuestas remotas y 53 salas de sorteos de números.

Una de estas licencias se ubicaría en la calle de Matamoros número 52, esquina Reforma, en la colonia Guerrero de la ciudad de México, el resto podrán instalarse en ciudades como Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Celaya, Ciudad Juárez, Monterrey, Morelia, Durango, Guadalajara y otras más. Asimismo, Gobernación aumentó el número de cuotas de aprovechamiento que los permisionarios deben pagar al gobierno federal, hasta llegar a un total de 9 por ciento de los montos de las apuestas.