A tres años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifió la constitucionalidad de la ley que permite la interrupción del embarazo en el Distrito Federal en las primeras 12 semanas de gestación, se ha salvado la vida de más de 60 mil mujeres, lo que demuestra la necesidad de pomulgar legislaciones iguales en el resto del país.

Tal fue la demanda que planteó la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), durante un acto político-cultural realizado ayer frente al Hemiciclo a Juárez, donde reiteró la necesidad de defender el estado laico y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Luego de presentar una obra de teatro en el que la Maga libertaria hizo un recorrido por los 40 años de lucha feminista para garantizar la potestad de las mujeres sobre su sexualidad y maternidad –en contra de los designios de la Iglesia y otros grupos conservadores–, las activistas refrendaron su exigencia de que el aborto se despenalice en todo el país, y no sólo en la capital.

Nadxieelii Carranco, integrante de Ddeser en el estado de Morelos, subrayó que el aborto es un problema de salud pública y llamó a las mujeres a ganar poder y exigir sus derechos, sobre todo en los 17 estados que aprobaron reformas antiabortistas en respuesta a la despenalización de dicha práctica en la ciudad de México, aprobada por la Asamblea Legislativa del DF el 24 de abril de 2007.

Esa ola de criminalización, señaló, ha provocado que miles de mujeres de los estados de México, Puebla, Querétaro, Hidalgo y Morelos, entre otros, acudan a la capital del país a practicarse abortos seguros, lo que las vuelve ciudadanas de segunda en sus entidades de origen, donde se les considera menos importantes que un óvulo fecundado.

Ruth Miranda, activista de la Red en el estado de México –de donde proviene 22 por ciento de las mujeres que abortan en el DF–, lamentó que los límites territoriales signifiquen también límites de derechos, y por ello exigió la homologación en todo el país de las leyes que permiten la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas.

Por su parte, Julia Cervantes, de Querétaro, denunció que en casi todo el país los derechos de un óvulo fecundado pesan más que los de mujeres concretas con vidas concretas, y advirtió que mientras el gobierno mexicano no brinde educación sexual laica y científica, no promueva una relación equitativa entre hombres y mujeres ni garantice un abasto suficiente de anticonceptivos, miles de mujeres seguirán abortando, porque no somos máquinas de reproducción.

Natali Hernández, de Puebla, alertó que según datos del Consejo Nacional de Población, en dicha entidad han muerto casi 22 mil mujeres entre 2000 y 2006 por abortos mal practicados, y en la actualidad hay 30 personas con procesos legales en contra por interrumpir su embarazo –la mayoría provenientes de municipios marginados–, entre ellas una niña de 12 años.

Adriana Jiménez, coordinadora nacional de Ddeser, reconoció al gobierno de la ciudad de México.