Después de 66 meses del derrumbe en la mina 8 de Pasta de Conchos, en Coahuila, la posibilidad de que se realice el rescate de los 63 cuerpos que quedaron atrapados está más cercana, aseguró el jesuita Carlos Rodríguez.

Sostuvo que las razones que sustentan sus dichos son el avance de la petición ingresada por los familiares de las víctimas y sus representantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el hecho de que la Comisión Permanente del Congreso haya aprobado –el pasado 27 de julio– un punto de acuerdo que exhorta al gobierno a emprender el rescate.

El proceso en la CIDH avanza a muy buen paso y no van a poder detenerlo, por eso ahora es cuando parece más cercano que nunca el rescate. Además, la Comisión Permanente votó un dictámen favorable y emitió una exhortación al Ejecutivo para el rescate. Esto es algo que no se había tenido en los cinco años que han transcurrido desde el percance; ahora fue todo el Congreso el que exhortó al gobierno, no instancias por separado, por lo que sería una falta de institucionalidad que las autoridades no respondieran; no lo pueden dejar en el vacío, deben hacerlo antes de que comience el próximo periodo de sesiones, el primero de septiembre; tienen 10 días para actuar, dijo Rodríguez.

En el contexto de la misa mensual que se realiza afuera de las instalaciones de Grupo México en la ciudad de México, el cura indicó que quien ha buscado alejar la posibilidad del retiro de cuerpos del socavón es la empresa minera, pero insistió en que su postura no será la que prevalecerá, porque se debe responder a los deudos que exigen el rescate de los restos atrapados en Pasta de Conchos desde el 19 de febrero de 2006.

El también coordinador del área de procesos educativos y organizativos del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) lamentó que siguen ocurriendo muertes en la región carbonífera y los culpables están impunes. Señaló que de 2006 a la fecha van cerca de 120 decesos, casi 60 posteriores al percance en Pasta de Conchos y cuando menos 17 de los 21 que han ocurrido en este año tienen que ver con los pocitos, esa forma irregular, ilegal y arcaica de explotar carbón.

Al respecto, la organización Familia Pasta de Conchos lamentó el fallecimiento del minero Willhen Ernesto López García, de 24 años –el pasado 3 de agosto–, quien no estaba registrado en el IMSS y dejó huérfana a una pequeña de seis meses. Señaló que según la Secretaría de Economía, en la concesión minera están implicadas tres empresas propiedad de los señores Alfonso y Luis González Garza, esposa e hijos/as.

Familia Pasta de Conchos expuso que, sin embargo, “ninguna de las empresas reconoce estar operando el pocito, mismo que fue abandonado; denunció que Minera El Sabino o Minera El Saucito o Luis González Garza SA de CV se apresuraron a acordar –el mismo día del funeral– con las autoridades de Sabinas la reparación del daño, entregando 180 mil pesos a la mamá del trabajador, más 37 mil pesos de gastos funerarios para que la señora se desistiera de la denuncia que había presentado ante la Fiscalía General de Coahuila”.

La organización indicó que “la premura de la empresa y de las autoridades por resolver el caso obedece a que se trata de la misma familia González Garza y sus operadores, responsables también de la muerte –el pasado 3 de mayo– de los mineros del pocito 3, ubicado en Sabinas, con lo que constatamos una vez más que para las autoridades estatales y federales basta que los homicidas paguen la reparación del daño para que los casos se cierren, sin sentencia y sin justicia”.