Cuautitlán, Méx., 19 de agosto. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó que ejercitó acción penal contra los policías municipales de Tultitlán Jorge Homero Hernández Cruz y Omar Sandoval Guerra –quienes fueron consignados al penal de Cuautitlán– por su presunta responsabilidad en el asesinato del joven guatemalteco Julio Fernando Cardona Agustín, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 8 de agosto en la colonia Lechería.

Este viernes, la embajada de Guatemala en México repatrió el cuerpo de Cardona Agustín. El diplomático Gerardo Basurto Pérez efectuó las gestiones.

La procuraduría señaló en un comunicado que el Ministerio Público pudo acreditar la presunta responsabilidad de ambos uniformados en el crimen del migrante que formaba parte de la caravana Paso a Paso por la Paz, toda vez que se detectaron rastros de sangre de la víctima en la patrulla que tenían a su resguardo.

Los exámenes periciales hechos al cadáver de Cardona Agustín, de 19 años, indican que falleció por alteraciones tisulares y viscerales consecutivas a traumatismo craneoencefálico, lesión que se clasifica como mortal, dice el documento.

El cuerpo de este joven fue encontrado tirado en una calle de la colonia Lechería del municipio de Tultitlán, junto a las vías de tren, cerca del albergue Casa del Migrante San Juan Diego.

De acuerdo con el expediente, existen testimonios que indican que García Cardona fue visto por última vez la madrugada del 7 de agosto afuera del albergue, justo cuando era llevado por tres policías en una patrulla tipo pick up, matrícula SPM-203.

Los testimonios coincidieron en que Cardona Agustín viajaba en la caja de la patrulla y era custodiado por un policía, mientras el otro manejaba y uno más viajaba como copiloto. Se dirigieron hacia el parque recreativo Centenario, donde oímos gritos del guatemalteco y al acercarnos nos percatamos de que los tres policías lo golpeaban, explicó uno de los testigos.

En la ciudad de México, representantes de organizaciones gubernamentales coincidieron en que el asesinato a pedradas del migrante fue un crimen de odio por xenofobia y que las autoridades tienen un alto grado de responsabilidad por seguir criminalizando a los trabajadores indocumentados y no hacer lo suficiente en la defensa de sus derechos.

Martha Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano, lamentó que a pesar de los avances de la nueva Ley de Migración, el clima de agresiones contra los indocumentados no ha disminuido, sino que incluso ha empeorado.

Prueba de ello –dijo– fue la impactante y devastadora manifestación xenófoba que un grupo de vecinos de la colonia Lechería, en Tultitlán, realizó en contra del albergue San Juan Diego, a cuyos integrantes acusan injustamente de propiciar crímenes en la zona, como violaciones y robos.

Irineo Mujica, del mismo movimiento, afirmó que una de las hipótesis para explicar este crimen de odio es que un grupo de personas que acusaban al guatemalteco de robo pagaron 500 pesos a policías municipales para que lo detuvieran y se los entregaran. Acto seguido, lo mataron a pedradas.

Afirmó que a pesar de las pruebas de que Julio Cardona había sido asesinado, las autoridades municipales se resistieron a admitir la denuncia sobre el caso y trataron de intimidar a los testigos.

Juan Rojo, de la organización Insyde social, advirtió que la discrecionalidad y opacidad con que actúan los cuerpos de seguridad facilita la comisión de este tipo de crímenes.

Nancy Pérez, directora del colectivo Sin fronteras, señaló que los tres niveles de gobierno son corresponsables del homicidio por tolerar o fomentar los actos de racismo y xenofobia contra los indocumentados, provenientes en su mayoría de Centroamérica.

Fabián Sánchez, coordinador de Idheas, asociación de litigio estratégico en derechos humanos, exigió al gobierno que ponga fin a la impunidad de sus policías y diseñe una política migratoria que no esté basada únicamente en las detenciones arbitrarias.

Miguel Pulido, de Fundar: Centro de Análisis e Investigación, urgió a las autoridades a aprobar cuanto antes el reglamento de la Ley de Migración y romper la opacidad con que funcionan las instituciones en este rubro.

Silvia Chávez e Israel Dávila, corresponsales, y Fernando Camacho, reportero