El Senado analizará a detalle los tres contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó a empresas privadas para la explotación de campos maduros, a fin de verificar que se sujeten a lo establecido en la reforma petrolera de noviembre de 2008, informó el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida.

Arturo Núñez, senador por el PRD, quien participó activamente en el dictamen de esa reforma, dijo que el gobierno de Felipe Calderón no ha cedido en su intención original de privatizar Pemex, por lo que teme que a través de esos contratos llamados incentivados se pretenda burlar la ley y de nuevo pasar por encima de la Carta Magna, al dejar en manos de particulares tareas que son exclusivas del Estado.

Agregó que sin conocer a fondo dichos contratos, su percepción es que no se encuadran en lo que el Congreso aprobó de manera expresa en la reforma de Pemex y la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en la materia.

En esa reforma quedó muy claro que se dan incentivos al contratista cuando aporta tecnología a Pemex y si cumple antes de tiempo obras o servicios pactados, pero nunca en función de las reservas que se logren identificar como potenciales, ni muchos menos en la explotación del crudo ni nada que signifique compartir la riqueza petrolera.

Ni en la Constitución ni en las leyes secundarias se permiten los contratos de riesgo, que el presidente Miguel Alemán revivió, pero después se fueron cancelando. Los últimos los suprimió Jesús Reyes Heroles durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz y de forma alguna pueden resurgir.

Núñez dijo que si Pemex da incentivos a las empresas Petrofac Facilities Management Limited y Administradora de Proyectos de Campo para el área Carrizo está haciendo un fraude. Recordó que la discusión en torno a la reforma energética fue muy intensa y los legisladores cuidaron de no dejar ningún resquicio para interpretaciones discrecionales en torno a los contratos que Pemex puede firmar.

Entrevistado vía telefónica, ya que se encuentra en Tabasco, donde rendirá su informe legislativo, Núñez dijo que estudiará a fondo los contratos para ver si corresponden a lo establecido en la reforma, aunque de entrada tiene la impresión de que no es así y que es otro intento de privatizar Pemex.

Por separado, Labastida Ochoa precisó que no conoce los contratos y sólo cuenta con la información que le proporcionó vía telefónica el director general de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, de que las empresas ganadoras de la licitación ofrecieron buenos costos, de cinco dólares por barril producido y una producción de 40 mil barriles.

Quedaron de mandarme toda la información; en cuanto la analice, daré mi opinión. Agregó que la Comisión de Energía estará pendiente de que no se viole la ley.