Omar conducía su taxi cuando de repente sintió un dolor muy fuerte, indescriptible, pero que de inmediato le hizo sentir que podía ser algo grave, así que condujo el vehículo al Hospital General de Zona Los Venados, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y le habló a su hermano para que lo buscara ahí. Estuvo a punto de que éste no lo encontrara, porque el personal del nosocomio le negó el servicio por no ser derechohabiente.

En todo caso, le dijo la mujer que atendía la ventanilla de admisión del área de urgencias, tendría que hacer un pago por mil 600 pesos para que lo pudiera ver un médico. Omar no llevaba esa cantidad.

Poco tiempo después llegaron dos de sus hermanos, quienes al darse cuenta de la situación insistieron en la ventanilla para que lo recibieran. De nada valieron los señalamientos de Yamel respecto de que al ser una institución pública, el IMSS tiene la obligación de prestar el servicio de emergencia a quien lo solicite.

La oportuna intervención del subdirector del hospital, quien ese día, domingo, tenía bajo su responsabilidad el nosocomio, permitió que los médicos revisaran a Omar. Determinaron que estaba en proceso de infarto. Es decir, recuerda la familia, en unas cuantas horas pudo haber muerto.

El subdirector ordenó que practicaran al paciente una trombólisis, con la cual se podría disolver el coágulo que obstruía alguna de sus arterias coronarias. El médico dejó indicaciones para que al día siguiente le realizaran otro procedimiento clínico, el cual ya no se practicó porque la orden fue sustituida para que Omar fuera dado de alta.

La trabajadora social del turno matutino estaba empeñada en que el paciente saliera del hospital y en un taxi lo llevaran a otro lado.

Conscientes de que Omar no era derechohabiente, sus familiares se dedicaron desde temprano a buscar un nosocomio donde lo pudieran atender, lo cual no era fácil, porque desconocían el procedimiento a seguir.

Después, los parientes de Omar se enteraron de que era obligación de la trabajadora social buscar la alternativa y ayudarles con el traslado, pero también supieron que, de haberlo hecho así, el IMSS habría tenido que poner la ambulancia.

Nada de eso ocurrió. Los familiares, por su cuenta, lograron el ingreso del enfermo al Instituto Nacional de Cardiología, a donde llegó en una ambulancia que pagaron de su bolsillo.

A situaciones como ésta se pueden enfrentar las personas cuando carecen de acceso a la seguridad social y tampoco cuentan con dinero para pagar atención médica privada.