Miércoles 17 de agosto de 2011, p. 4
En 1999 se instauró en México la certificación de los hospitales como mecanismo voluntario, con el cual se buscó establecer estándares que garantizaran la seguridad del paciente. Tal objetivo no se ha logrado todavía. De 3 mil establecimientos particulares que existen en el país, apenas 134 cuentan con el documento, el cual avala la calidad de sus procedimientos.
El tema representa un reto, porque salvo este mecanismo no existe ninguna alternativa de control y vigilancia sobre los servicios que ofrecen los establecimientos clínicos particulares; no obstante, el Consejo de Salubridad General (CSG), encargado de aplicar las evaluaciones, mantiene su decisión de evitar que el procedimiento sea obligatorio.
Se trata, explicó Enrique Ruelas Barajas, secretario técnico del CSG, de evitar distorsiones. Cuando las cosas se hacen por obligación, se abre la rendija para la corrupción.
En cambio, se crearon algunos incentivos
para que las unidades médicas se interesen en someterse a la evaluación; por ejemplo, que los establecimientos que carezcan del documento del CSG estén impedidos para participar en los contratos de subrogación de servicios del sector público.
Además, comentó Ruelas, se logró la firma de un convenio entre la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y la Asociación Nacional de Hospitales Privados, por el cual las aseguradoras pagarán las pólizas de gastos médicos mayores sólo a unidades médicas certificadas por el consejo. La estrategia operó como programa piloto en Guadalajara, Monterrey y Distrito Federal, y a partir de 2012 aplicará en todo el país, indicó.
En entrevista, el funcionario reconoció que antes de esos esquemas de incentivos los servicios privados no se habían interesado por obtener la certificación, a grado tal que en 2007 menos de 50 lo solicitaron.
Además, el CSG adoptó los criterios de calificación internacionales. Así, los hospitales que obtienen el documento son reconocidos también en otras naciones, en el mismo nivel e incluso superior que los avalados por Joint Commission, principal organismo evaluador de la calidad de los servicios de salud de Estados Unidos.
Hasta ahora 18 nosocomios de México han sido examinados bajo ese nuevo esquema, afirmó Ruelas.
Al comentar sobre la complejidad del reto que implica garantizar la calidad de la atención médica, expresó que de los 3 mil hospitales privados que hay en México alrededor de 2 mil 500 son pequeños, con entre cinco y 20 camas.
No es que sean malos, pero es difícil pensar que la mayoría hagan bien las cosas.
Posteriormente comentó una de las diversas situaciones que el CSG ha encontrado, como la carencia de la licencia sanitaria para operar.
La presentación de ese documento es el primero de los varios requisitos que se deben cumplir para participar en el proceso. Algunos no lo tienen, y otros más ni siquiera sabían que lo necesitaban
.
La duda que surge es cuántos hospitales más funcionan sin la licencia sanitaria, que autoriza la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. De los que se tiene noticia es porque se acercaron al CSG para obtener la certificación, puntualizó.
Ruelas admitió que sin los incentivos mencionados no habría interés de los hospitales por participar. De hecho, sólo en 2000, primer año de operación del programa, hubo cierta colaboración, con unas 230 unidades médicas públicas y 100 privadas certificadas.
Después descendió el número de las particulares; se evaluaban menos de 50 anualmente. Apenas en los pasados tres años aumentaron las solicitudes, de tal suerte que hasta junio de 2011, 134 nosocomios privados contaban con la aprobación del CSG.
En el lado del sector público también ha bajado el interés de los directores de éstos. Sólo el Instituto Mexicano del Seguro Social ha señalado su disposición por elevar el número de unidades médicas certificadas.
Respecto de los servicios que dependen de la Secretaría de Salud, Ruelas Barajas informó que propuso que la obtención del documento sustituya la acreditación que deben cumplir los hospitales para ofrecer servicios a los afiliados al Seguro Popular.
Actualmente son dos procesos separados y la certificación sólo para algunos procedimientos en las unidades que atienden las enfermedades cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Aquí el incentivo será que si el hospital no obtiene la certificación de calidad, tampoco recibirá el dinero del Seguro Popular. Hasta junio pasado 152 nosocomios públicos tenían ese aval de calidad.
