Chihuahua, Chih., 13 de agosto. El gobernador César Duarte solicitó al Congreso local revisar el sistema de justicia penal para que los tribunales orales, al igual que las salas de casación –o apelación– se integren por un solo juez y un magistrado, respectivamente, en vez de tres, como están formados actualmente.

La propuesta enviada al Poder Legislativo por la Consejería Jurídica del Gobierno del estado, implica una reforma básica al sistema de justicia penal acusatorio oral, que rige en la entidad desde 2008, cuando se crearon los tribunales de garantías, tribunales orales y tribunales de casación, integrados por una triada de jueces y magistrados cada uno, a fin de que los fallos y sentencias se discutieran colegiadamente antes de emitirlas, ofreciendo mayores garantías de imparcialidad a los imputados y las víctimas implicados en el proceso penal.

La solicitud del gobernador implica la revisión, derogación y cambio de contenidos parciales de varias leyes, como la Orgánica del Poder Judicial del estado; del Código de Procedimientos Penales; de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales; la Ley Estatal de Protección de Testigos y la Ley de Extinción de Dominio, las cuales forman el andamiaje del Sistema de Justicia Penal del estado que se aplica en la entidad desde enero de 2008.

En la exposición de motivos, la iniciativa del gobernador señala que el aumento de los niveles de violencia en la entidad obliga al estado a responder con mejores mecanismos para detener y sancionar a los delincuentes, lo que ha incrementado el número de causas penales y propiciado que el Poder Judicial aumente la cantidad de jueces del tribunal oral para constituir más ternas y celebrar más audiencias en debate. Debido a eso, existe la necesidad de que un solo juzgador presida y decida en esas audiencias a fin de que los procesos sean más ágiles.

En el documento, Duarte indicó que la propuesta de que haya un solo juez a cargo de un tribunal oral y un solo magistrado en una sala de casación es producto de la reflexión y evaluación sobre el funcionamiento del sistema penal acusatorio, y de la apertura a realizar cambios fundamentales que permitan optimizar la impartición de justicia.

Aseguró en el documento que los cambios propuestas no lesionan los principios básicos del sistema acusatorio y tampoco se afectaría el derecho de los ciudadanos a contar con un juez natural, profesional e imparcial, como sostiene la Constitución del estado, afirmó el mandatario.

Estamos conscientes de que la reforma que se planea constituye un nuevo cambio del paradigma de todo lo que ha significado la reforma íntegral al sistema de justicia penal, pero también estamos convencidos de que la sociedad podrá apreciar una mejor impartición de justicia al retomar la tradición de nuestra entidad, de conformar estos órganos jurisdiccionales de manera unipersonal, finalizó.