La gran deuda del Estado mexicano con las mujeres jóvenes es la falta de reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, coincidieron miembros de colectivos feministas.

La alta tasa de demanda insatisfecha de anticonceptivos y de embarazos en adolescentes, así como el creciente número de mujeres jóvenes con infecciones de transmisión sexual redundan en menor acceso a estudios superiores y buenos empleos.

María Elena Álvarez, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), destacó el embarazo adolescente y la epidemia del VIH como las principales amenazas para las jóvenes en el país.

La mayoría de adolescentes en esa circunstancia trunca sus estudios, les cuesta trabajo conseguir empleo y generalmente se quedan en su casa ayudando en las tareas del hogar, o se suman al empleo informal, advirtió.

En México,15 por ciento del índice de nacimientos corresponde a mujeres de entre 14 y 19 años.

Por su parte, Iván Castellanos, asociado nacional de programas en Población, Desarrollo y Juventud del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) en México, consideró que de no garantizar el acceso de adolescentes y mujeres jóvenes a servicios de salud y métodos anticonceptivos, hay mayor probabilidad de continuar en este círculo de pobreza.

Advirtió que uno de los grandes retos para atender a esa población es alcanzar servicios de salud amigables, lo que significa no sólo tener acceso a cualquier tipo de servicio, sino que el personal esté capacitado y no tenga prejuicios; que cuando llegue una adolescente a solicitar anticonceptivos no le digan que es muy joven; que ella pueda tomar decisiones informadas y personales.

Refirió que en el país la necesidad insatisfecha de anticonceptivos en adolescentes es de 25 por ciento, mientras que para mujeres jóvenes es de 18 por ciento.

Cinthya Velasco, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y Gabriela García, coordinadora del proyecto Ddeser Jóvenes, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, lamentaron además que el país no cuente con una ley de juventud ni reconozca la ciudadanía juvenil.

Los marcos jurídicos que se construyen son más de restricción y tutelaje que de reconocimiento de derechos en su sentido más amplio, consideró Velasco.

Para García, no hay políticas públicas dirigidas al sector, mucho menos hacia las mujeres. Las políticas públicas de los institutos de Juventud (nacional y estatales) son paliativas, no resuelven el problema de raíz.