Oaxaca, Oax., 5 de agosto. El Proyecto México Indígena –desarrollado por la Sociedad Geográfica Estadunidense, entre 2006 y 2008 en San Juan Yagila y San Miguel Tiltepec– fue financiado por la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero del ejército de Estados Unidos, denunciaron autoridades municipales y agrarias de pueblos zapotecas del Rincón de la Sierra Juárez.

Explicaron que la investigación, efectuada por geógrafos de la Universidad de Arkansas y el presidente de la Sociedad Geográfica Estadunidense, Jerome Dobson, supuestamente sería para conocer los impactos del Programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos en comunidades indígenas.

Sin embargo, aseguraron, hicieron estudios de geografía, toponimia, historia y cultura, y nunca nos informaron que los datos que recabaron serían entregados a la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero del Ejército de Estados Unidos, y tampoco nos dijeron que esa institución era una de las fuentes de financiamiento, señalaron.

Este proyecto, que supuestamente sería benéfico para las comunidades, nos deja con la sensación de haber sido víctimas de un acto de geopiratería, asentaron, de acuerdo con el acta de asamblea comunitaria efectuada en San Juan Yagila con agentes municipales y comisariados de bienes comunales de San Juan Tepanzacoalco, Santa María Zoogochi, Santa Cruz Yagavila, Santiago Teotlaxco y San Juan Yagila.

Las autoridades manifestaron su desacuerdo con los estudios geográficos porque no se informó a las comunidades del origen de los recursos utilizados para investigación, ocultando expresamente la participación del ejército de Estados Unidos, violando con ello el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, reconocido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

También exigieron a todas las instancias involucradas abstenerse de hacer cualquier uso de la información recabada sobre sus saberes tradicionales zapotecas, tierras y territorio, y devolver esa información a las comunidades.

Las autoridades municipales y agrarias acordaron hacer un solo frente comunitario y allegarse de la información necesaria sobre pros y contras de los proyectos y programas gubernamentales y no gubernamentales ofrecidos, con el fin de decidir si se aceptan y así aplicar el principio del consentimiento libre, previo e informado.

El acta de asamblea está suscrita por Rodrigo Pérez, Julián Santiago Cervantes y Sadot Gómez Santiago, agentes municipales de San Juan Yagila, Santa María Zoogochi y Santa Cruz Yagavila, así como por Wilfrido Ramos Hernández y Pascasio Gerónimo Hernández, comisariados de Bienes Comunales de San Juan Yagiola y Santiago Teotlaxco, respectivamente.