Funcionarios del gobierno federal analizaron ayer la Ley de Seguridad Nacional, luego del avance de esta normatividad en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados (aprobación general y con artículos reservados).

Reunidos en la Secretaría de Gobernación (SG), revisaron el contexto en que se pretende abrir al diálogo la definición de cada uno de los artículos aprobados sólo en lo general el martes pasado.

Lo anterior, luego de la polémica acerca del marco jurídico que tendrán las fuerzas armadas en las actividades vinculadas con la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada.

En el encuentro participaron Rubén Fernández, subsecretario de Enlace Legislativo de la SG, y Gilberto Higuera Bernal, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, así como responsables del área jurídica y de reglamentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina-Armada de México (Semar).

Tras la discusión de cada artículo –en el seno de la Comisión de Gobernación,–debe surgir un dictamen que iría a un amplio y definitivo análisis en el pleno camaral.

Aunque en esta etapa el Poder Ejecutivo no tiene participación, está al tanto del desarrollo de la discusión que considera prioritaria, así como del diálogo a que se ha convocado con organizaciones civiles, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Nos pusimos al tanto de lo que aprobaron los diputados y del diálogo a que han convocado para la revisión de cada uno de los artículos reservados de la ley en mención, señaló uno de los funcionarios que participó en el encuentro privado.

Más tarde, en un comunicado de prensa, Gobernación dijo que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional resultan indispensables para afianzar el sistema de protección a los derechos humanos.

Señaló que su discusión merece la mejor voluntad política de los actores sociales y de las fuerzas políticas, para alcanzar acuerdos que, al tiempo que regulen la atribución del Ejecutivo Federal en materia de seguridad nacional, limiten la actua- ción de la autoridad en este tipo de operaciones.

Al plasmar reglas claras en la ley en materia de seguridad nacional, se establecen límites a la actuación de la autoridad, lo cual impacta favorablemente en el sistema de protección de los derechos humanos, dijo.