De acuerdo con el reglamento interior de la Cámara de Diputados, la aprobación del dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional es improcedente, toda vez que no se discutió en las comisiones unidas y sólo la de Gobernación dio el aval a esa minuta, afirmaron organizaciones de derechos humanos.

En un pronunciamiento firmado por más de 50 organismos de defensa de las garantías fundamentales, resaltaron que los legisladores violaron el artículo 174 del dicho reglamento interno, el cual establece que la minuta debió ser puesta a discusión y, en su caso, ser votada también por las comisiones de Derechos Humanos y Defensa Nacional de San Lázaro.

Las organizaciones –entre ellas los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez y La Montaña Tlachinollan, así como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos– demandaron reponer ese proceso legislativo.

Estos errores evidencian que el procedimiento es irregular de forma y fondo, y ejemplifica la urgencia de los representantes de los partidos políticos, en particular PRI y PAN, de aprobar al vapor dictámenes que saben que han sido rechazados por una mayoría de sectores académicos, especialistas y organizaciones de defensa de las garantías fundamentales que participamos en las audiencias públicas y el foro de consulta sobre esta ley.

Agregaron que estos vicios procedimentales representan una oportunidad para que senadores y diputados se desistan en su propósito de continuar con la aprobación de dicha reforma que ha sido rechazada por organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, por ser lesiva de los derechos humanos.

Recordaron que numerosos sectores sociales también han manifestado su desacuerdo con las pretendidas reformas a la Ley de Seguridad Nacional, ya que responde a un modelo autoritario de relaciones cívico-militares, a la vez que se ha plasmado en un texto que desconoce las aportaciones de la sociedad y no cuenta con un mecanismo de participación ciudadana en su dictaminación.

Para las ONG el dictamen presentado el pasado 2 de agosto en la Cámara de Diputados es improcedente, por lo que demandaron replantear los términos del debate sobre seguridad, como insistieron durante las audiencias convocadas por la Comisión de Gobernación de ese órgano legislativo, y que se tomen en cuenta las preocupaciones de los grupos sociales sobre las relaciones cívico–militares.

La Ley de Seguridad Nacional debe dictaminarse en sentido negativo. Demandamos de las fuerzas armadas y de los legisladores involucrados en la dictaminación una actitud de apertura hacia la construcción de un modelo de seguridad que responda a los más altos estándares en la materia y sobre derechos humanos, como hemos insistido en numerosos foros y textos.