El gobierno de México firmó ayer sendos acuerdos para solucionar dos casos que se tramitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual encontró acreditada la responsabilidad del Estado por violaciones a las garantías fundamentales de los involucrados.

El primer caso es el de Paloma Angélica Escobar Ledezma, de 16 años, que desapareció en 2002 en la ciudad de Chihuahua, y semanas después fue encontrada sin vida en una carretera cercana. Sus familiares dieron aviso de los hechos a las autoridades, pero no se realizó una investigación seria y eficaz, por obstáculos imputados a autoridades estatales, lo que impidió llevar a juicio a los responsables del homicidio.

El otro caso es el de los indígenas purépechas Irineo Martínez Torres y Candelario Martínez Damián, quienes fueron detenidos en Nuevo Laredo en 1997, acusados de transportar mariguana en columnas de madera tallada, sobre las que no tuvieron control por más de 24 horas, dado que el comprador fue quien las transportó de Michoacán a Tamaulipas.

Además de haber sido golpeados por policías federales al momento de su detención, los dos indígenas no contaron con un intérprete en el juicio que se realizó en su contra, pese a que uno de ellos no hablaba castellano y el otro apenas lo entendía.

En su queja ante la CIDH, la defensa de los purépechas alego faltas al debido proceso, por no haber sido asistidos por intérpretes en el juicio, en el que fueron encontrados responsables penalmente y condenados a penas privativas de su libertad.

Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación informaron que los dos acuerdos se firmaron con el ánimo de privilegiar el diálogo y la concertación con las víctimas.

Justicia para Paloma Escobar

Reconocieron que en el caso de Escobar Ledezma, la CIDH encontró, después de siete años de iniciado el trámite, responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por lo que hace al otro asunto, resaltó que la comisión admitió iniciar el análisis sobre el fondo del caso, tras 14 años de trámites.

En un comunicado conjunto, las dependencias informaron que los gobiernos federal, de Chihua- hua y Michoacán, emprendieron una serie de gestiones que hicieron posibles acuerdos entre las partes.

En el asunto de los indígenas, se convino por primera vez, la reparación del daño con medidas que beneficiarán a toda la comunidad purépecha.

El gobierno de México agradeció el acompañamiento de la CIDH para solucionar estos casos y ratificó su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos.