esde Chiapas, el Frente de Lucha por el Socialismo (FNLS) hace llegar una denuncia sobre la complicidad de los gobiernos estatal y federal en la puesta en práctica de renovadas formas de paramilitarismo, cuyos propósitos se inscriben en la estrategia de contrainsurgencia que desde 1994 no ha dejado de funcionar en contra, tanto de las comunidades indígenas adheridas al EZLN, como también de otras no zapatistas. Las corporaciones trasnacionales dedicadas al turismo y las que buscan desterritorializar a los pueblos para adueñarse de sus saberes y recursos naturales, actúan en colaboración con organismos como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), y todos se articulan con las misiones de guerra irregular o de desgaste de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina.
Este es el caso paradigmático de cinco familias indígenas choles que durante años han sido desplazadas de distintas regiones chiapanecas –entre ellas Marqués de Comillas y la Reserva de la Biosfera de Montes Azules–, quienes en la madrugada del 4 de julio de este año fueron desalojas con violencia de la comunidad Las Conchitas, municipio de Salto de Agua, por un grupo armado que actúa con la aquiescencia y financiamiento de la Conanp y la Profepa y funcionarios estatales.
Una de las peculiaridades de esta agresión es que quien comanda este grupo, Marcial Gaspar González, afirma contar con el apoyo del EZLN y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, lo cual resulta poco creíble para los quejosos, quienes recuerdan que se han dado casos de asaltos y ataques a comunidades en que los paramilitares usurpan la identidad zapatista para crear confusión entre la población.
El FNLS señala al respecto: “Queda claro que estas hordas de paramilitares NO son zapatistas, pues creemos que los verdaderos zapatistas no son delincuentes y nunca atacan a los pobres y mucho menos a ciudadanos que con trabajo y múltiples esfuerzos logran sobrevivir de esta miseria en que nos ha metido el mal gobierno. La tortura física y sicológica que infligieron a nuestros compañeros es práctica del paramilitarismo y terrorismo de aquellos de Paz y Justicia que aterrorizaron esta región de Tila y Salto de Agua y que el actual gobierno está reorganizando. Estamos seguros de que los verdaderos zapatistas no despojan a los campesinos pobres, porque ellos tienen capacidad para tomar ranchos de los verdaderos terratenientes, de los que nos explotan y humillan. Por eso creemos que los que atacaron a nuestros compañeros y siguen emboscados en el monte y ranchos vecinos a la espera del retorno para asesinarlos, son agentes adiestrados como paramilitares por el mal gobierno para hacer creer ante la opinión pública que esos ataques ‘son enfrentamientos entre organizaciones’ y por eso se lava las manos para no dar atención y trata por todos los medios (como siempre) de mantener en la impunidad estas fechorías. El paramilitarismo ha sido una práctica del gobierno federal, y en Chiapas, al igual que con Pablo Salazar, Juan Sabines ha convertido esta práctica en punta de lanza para la represión de organizaciones populares, independientes, y de todo aquel que proteste o no se deje comprar y cooptar. A través de los grupos paramilitares se ha agredido y asesinado a pueblos organizados como los de compañeros bases de apoyo zapatista con la ORCAO en la región de Ocosingo; los grupos paramilitares Yachil’Atel, Petules y ORCAO han agredido a nuestros compañeros de la OCEZ-FNLS en la región de Ocosingo; ahora un nuevo grupo paramilitar ha despojado de sus tierras a nuestros compañeros del MRPS-FNLS en la comunidad Las Conchitas, municipio de Salto de Agua. Los responsables de todas estas agresiones y violencia de Estado son Felipe Calderón, Juan Sabines, el secretario de gobierno Noé Castañón, funcionarios de la Conanp y de la Profepa, ya que son ellos quienes han organizado, financiado y dirigido estos grupos paramilitares para reprimir al pueblo chiapaneco.”
Por su parte, el personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en San Cristóbal de las Casas, sede donde se refugiaron desde el 12 de julio las familias agredidas, no ha atendido con prontitud y seriedad a los reclamantes que se quejan del constante hostigamiento por elementos policiacos federales, estatales, y agentes de inteligencia que han estado videograbando a los desplazados. Los funcionarios de la CNDH, de acuerdo con las familias refugiadas, “han tomado una actitud irresponsable, con un carácter déspota, autoritario, con un trato discriminatorio hacia nuestras familias, a través de expresiones como ‘por qué se atreven a tener tantos hijos si no los pueden cuidar’. Violentan las normativas de las oficinas gubernamentales al estar fumando cigarrillos en presencia de niños y niñas, estando dentro de las instalaciones.”
Las familias desplazadas, junto con militantes del FNLS, también se han instalado en plantón desde el 18 de julio en la plaza de la Catedral de San Cristóbal de las Casas, exigiendo la regularización de las tierras, garantías para el retorno y la indemnización por los daños causados por los agresores. En el plano político resalta la actuación de estos grupos paramilitares dirigidos y entrenados desde las estructuras castrenses, según consta en manuales y documentos de la propia Sedena, como el Plan de campaña de 1994, dado a conocer en estas páginas y sin que los voceros militares refutaran su existencia (La Jornada, viernes 4 de febrero de 2011). Esto es, la paramilitarización como política de Estado, como respuesta represiva a problemas económicos, políticos y sociales y como avanzada del capital.
